sábado, 27 de junio de 2009
Televisa VS Aristegui y Villamil
Aristegui da bienvenida a ataque de Televisa
La televisora estalló contra la revista Proceso, el reportero Jenaro Villamil y la periodista de MVS Radio y CNN, al acusarlos de calumnia por publicar y comentar el texto Peña Nieto: Si yo fuera presidente
Aristegui enfrenta la ira de Televisa tras reproducir el artículo de la revista Proceso (Foto: Archivo )
Demian Magallán
El Universal Ciudad de México
Miércoles 24 de junio de 2009 14:00
Los periodistas Carmen Aristegui y Jenaro Villamil le dieron la bienvenida hoy al comunicado que publicó en su contra la empresa Televisa, a causa de un artículo publicado en la revista Proceso.
Al recibir al reportero de la revista Proceso en su programa radial, Aristegui consideró que la reacción de Televisa contribuye al debate de temas de interés nacional.
Televisa estalló contra la revista Proceso, el reportero Jenaro Villamil y la periodista Carmen Aristegui, al acusarlos de calumnia por publicar y comentar el texto "Peña Nieto: Si yo fuera presidente", que puede ser leído en la página de la revista Proceso.
Televisa acusa al reportero Jenaro Villamil de actuar por consigna para afectar a la empresa televisiva, en un desplegado publicado en la prensa nacional.
Denuncia que Aristegui, quien mencionó el reportaje en MVS Noticias, miente respecto a su salida de W Radio y sostiene que la separación de la periodista únicamente obedeció a que su noticiario no era rentable, ni plural.
Televisa refuta el reportaje publicado en Proceso.
Defiende que el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, no ha desembolsado más de 800 millones de pesos en publicidad.
También presume su cobertura noticiosa, negando ocultar información en deterioro del mandatario.
Televisa rechaza que posea una estructura paralela de empresas espejo para ocultar información fiscal a sus socios.
Insiste en que la cobertura noticiosa de sus espacios no favorece a Peña Nieto, sino se basa en dar prioridad a la zona Metropolitana, por el alto índice demográfico que presenta.
Responde Aristegui
La comunicadora señaló que el espacio cedido a Villamil para presentar su libro no fue ningún pago de cuentas por la "defensa" que él hiciera de su salida de W Radio, cuyo responsable de la línea editorial es Grupo Prisa.Dijo que tras la desaparición al aire de su espacio en W pasó "un largo" año sin tener un espacio radiofónico, aunque se mantuvo en televisión en el canal de CNN en Español, situación que no había enfrentado antes en su carrera.La comunicadora comentó que la falta de acuerdos entre ella y la radiodifusora, que propició su salida, se debió esencialmente a la cobertura que hacía de la llamada Ley Televisa, y que afecta los intereses del grupo televisivo, y no a carencias de "trabajo en equipo" y "derecho a la información plural" como dice la empresa.
Respecto a la nota final del texto, en el que se le acusa a de hacer de "la diatriba a Televisa su modus operandi" y menciona su pasada relación laboral con W Radio, Aristegui comentó que eran argumentos de "mal gusto" e "irrelevantes" ante la discusión.
A su vez, Villamil retó a Televisa a realizar un debate para mostrar los elementos que fundamentan su investigación y que la televisora muestre abra todos los contratos que se han firmado con el gobierno de Peña Nieto, y de todos los gobiernos del país.
Respecto a la acusación de que Carlos Salinas de Gortari fungió como asesor de directivos del grupo, el reportero aseguró que lo "tranquiliza mucho" saber que el ex presidente no esté detrás de Televisa.También comentó que sus "errores", los cuales destaca Televisa en el desplegado, se deben a yerros tipográficos y que la confusión de mencionar a sus ejecutivos Leopoldo Gómez y Bernardo Gómez como hermanos fue corregido en tiempo y forma en la propio revista Proceso.
La respuesta párrafo por párrafo de Aristegui y Villamil puede escucharse en el sitio de MVS Radio.
A continuación, el desplegado de Televisa:
"El lunes 22 de junio, Carmen Aristegui y Jenaro Villamil presentaron en radio un libro que difunde una serie de mentiras con respecto a Grupo Televisa.
"Grupo Televisa ha resistido paciente y tolerantemente los infundios que repetidamente se han divulgado sobre su desempeño. Sin embargo, esta actitud no puede ni debe mantenerse ante calumnias como las que se vertieron en ese programa.
"Primera Mentira. Afirman que 'un promedio de 800, 900 millones de pesos anuales' dedica el gobierno del estado de México a la 'compra de tiempo aire y pago de asesorías' a Televisa a través de distintas centrales de medios. La cuenta es absurda. Un ejemplo: en el año 2006, Televisa ingresó y reportó 778 millones de pesos por el total de publicidad política en televisión. Por tratarse de una elección presidencial, 2006 fue el año de mayores ventas de este tipo en todos los medios de comunicación nacionales. Así, el cálculo es mentiroso, un engaño, ya que sería tanto como suponer que el gobernador Enrique Peña Nieto se ha venido promocionando en televisión, año con año, más que todos los candidatos de todos los partidos a todos los puestos de elección popular que se renovaron en esos comicios. Ridículo y mentiroso.
"Segunda Mentira. Dicen que los dueños de Televisa tienen una estructura paralela mediante la cual ocultan información a los accionistas minoritarios. Dicha estructura, afirman, está constituida por las empresas TVPromo, Radar o CreaTV, y que esas tres empresas no tienen, ni han tenido, contrato alguno con Televisa relacionado con el gobierno del estado de México.
"Tercera Mentira. Apuntan que 'Roberto Hernández, el ex accionista de Banamex se transforma en el segundo accionista en importancia después de Emilio Azcárraga Jean dentro de la televisora'. La información es pública y contundente, pero los comunicadores de esta falsedad no se tomaron la molestia de consultarla: Roberto Hernández no figura en la lista de mayores tenedores de acciones ya que posee menos del uno por ciento del total accionario de la empresa. El trabajo del señor Villamil no cumple siquiera con los requisitos de rigor mínimo de cualquier trabajo de investigación serio: la consulta de la información pública y su verificación. Villamil debe recordar que no por gritar una mentira ésta se convertirá en verdad, que no por publicar en Proceso tiene licencia para difamar.
"Cuarta Mentira. Sostienen que 'es 2005 el año en donde Salinas es presentado ante el Consejo de Administración de Televisa como parte ya también de los asesores de Bernardo Gómez y de Emilio Azcárraga Jean'. Esta es una afirmación falsa en toda su extensión. Carlos Salinas jamás había sido presentado ni se ha desempeñado como asesor de ningún ejecutivo de Televisa. La única vez que el ex presidente estuvo reunido con los directivos de Televisa (que no con su Consejo de Administración, como mentirosamente lo afirma Villamil) fue en una convención del grupo en 2005, en Cozumel, ocasión en la que también fueron invitados a dar pláticas otras personalidades del sector público y directivos de empresas, de México y del extranjero, como sucede todos los años en esas convenciones.
"Quinta Mentira. Señalan que la cobertura noticiosa a Enrique Peña Nieto es 'absolutamente anómala, absolutamente fuera de lugar, sin ninguna justificación periodística'. Habrá que recordarle a Carmen Aristegui y al señor Villamil que los noticiarios nacionales de Televisa siempre han tenido una fuerte carga de contenidos provenientes del área metropolitana de la ciudad de México. Además, hay que señalar que el estado de México es la entidad con mayor población del país. La cobertura a la política, economía, sociedad y cultura de esa entidad va en proporción a la audiencia interesada que se informa en los canales de Televisa. Por eso mismo, muy similar es la cobertura que actualmente recibe el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, como lo fue la que en su momento recibió Andrés Manuel López Obrador.
"Sexta Mentira. Elucubran que por la inversión publicitaria del estado de México en Televisa se han minimizado 'vulnerabilidades' de su gobernador. Y cita el avance del narcotráfico, la cantidad de mujeres mexiquenses asesinadas, el caso Atenco y la muerte de la esposa del mandatario estatal. Todos son temas de los que se ha informado puntualmente en Televisa. Sólo es necesario sintonizar cualquier noticiario de Televisa para ver cómo se relata la guerra contra el crimen organizado en esa entidad y en todo el país. Por otro lado, nuestros informativos han transmitido diversos reportajes sobre el caso de las mujeres muertas en el estado de México y las agresiones entre policías y manifestantes en Atenco se transmitieron en vivo y en directo. El reporte del fallecimiento de la señora Pretellini se relató en los términos en los que lo informó la autoridad. Si Aristegui y Villamil tuvieran pruebas para sustentar otra versión de los hechos valdría la pena que las exhibieran y las presentaran ante las autoridades competentes.
"Nota Final. Carmen Aristegui ha hecho de la diatriba de Televisa su modus vivendi, a pesar de que de 2004 a 2007 su participación en W Radio, empresa filial de esta casa, reportó pérdidas por 9.2 millones de pesos, que sumadas a las de Javier Solórzano entre 2004 y 2005, con quien Aristegui negoció su entrada a la W, ascendieron a 14.5 millones de pesos. Tan sólo en 2007, Aristegui recibió un ingreso de 3.6 millones de pesos de esa empresa filial. Además de estas cuestiones financieras, en su oportunidad Grupo Prisa, encargada de la línea editorial de W Radio, explicó que Aristegui salió de la programación debido a que tras un año de conversaciones no hubo posibilidad de acuerdo para que ella se incorporara a un modelo basado en el 'trabajo en equipo' y el 'derecho a la información plural'. Ni rentabilidad, ni trabajo en equipo, ni información plural. Es ahí donde se pueden encontrar las razones de la salida de Aristegui de la W y no en una supuesta 'conspiración' de intereses eclesiásticos-empresariales-políticos obsesionados con 'silenciar su voz', como ella y sus allegados han sostenido. Nada más alejado de la verdad.
"La insistencia de Aristegui de promover las mentiras de Villamil sólo puede entenderse como el pago a las veces que Villamil 'defendió' en las páginas de Proceso la salida de Aristegui de su programa de radio, al confundir una decisión de sentido común para una empresa de radio con un supuesto ataque a la libertad de expresión.
"Y en cuanto a Jenaro Villamil ¿qué podemos esperar de la veracidad de su contenido? Un 'periodista de consigna' que ni siquiera conoce los nombres de los ejecutivos de Televisa, empresa a la que lleva 'investigando' tantos años. Aquí algunos ejemplos: Villamil menciona a José Gastón en lugar de José Bastón (Proceso 1682) y a Adolfo de Angoitia en lugar de Alfonso de Angoitia (Proceso 1701). Un ejemplo más: Villamil 'descubre' (Proceso 1575) que Leopoldo Gómez, actual vicepresidente de Noticieros, es hermano de Bernardo Gómez, vicepresidente Ejecutivo. Una mentira más. La coincidencia de apellidos no asegura que sean parientes, como no lo son. Ninguno de estos errores se puede justificar bajo una perspectiva de periodismo de investigación mínimamente documentado.
"Villamil lleva años difamando a Televisa por cuenta y orden de la revista Proceso. En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador no estaba equivocado en una carta dirigida al director de ese semanario cuando afirmó: 'el propósito de estas líneas es expresar mi desacuerdo con la actitud de los duendes que existen en al redacción de la revista Proceso… mi crítica va dirigida a quienes, invocando una supuesta pluralidad, nos calumnian…' (Proceso 1698). Villamil es uno de esos duendes, que hacen de la calumnia un oficio.
"Grupo Televisa fija esta postura para que la audiencia de Carmen Aristegui y Jenaro Villamil tenga un verdadero acceso a la información plural, conozca cuáles son las mentiras que divulgan y no esté sujeta a la manipulación interesada".
Firma: Manuel Compeán Palacios, director general corporativo de Comunicación, Grupo Televisa
Sonora caliente
Agreden agentes policiacos a reportero y fotógrafo de
El Economista
México, 24 de junio, 2009 (CEPET). Omar Brito Báez y David Rojas, reportero y fotógrafo, respectivamente, del diario El Economista fueron agredidos por policías municipales y estatales mientras recogían información sobre el incendio de la guardería que el 5 de junio pasado cobró la vida de 47 niños en Hermosillo, Sonora, al norte de México.
Enviados a la localidad para dar seguimiento a la tragedia que conmocionó a la opinión pública, el pasado viernes 19 de junio, los periodistas llegaron al lugar donde se encontraba la guardería ABC y solicitaron permiso a los encargados de una llantera que ubicada al lado del inmueble siniestrado, para tomar fotografías desde la azotea de dicho negocio, relató Brito Báez.
Alrededor de las 15:30 horas, al percatarse de que Rojas se encontraba en lo alto del inmueble, cuatro policías se lanzaron contra él mientras lo agredían de manera verbal. Finalmente, el comunicador fue sometido por los agentes, quienes intentaron quitarle la memoria de la cámara fotográfica, mientras argumentaban que estaba violando el cerco de seguridad.
Como el reportero gráfico se negó a entregar la memoria, los uniformados le aplicaron castigo al brazo para lastimarlo y obligarlo a entregarles su equipo; sin embargo, el fotógrafo resistió y logró entregar la cámara al reportero. Los policías se fueron entonces contra Brito Báez, a quien lastimaron también de la mano para que les entregara el dispositivo. Tras no lograr su objetivo, los uniformados amenazaron a los comunicadores con llevarlos ante el Ministerio Público. “Cuando lleguemos ahí, van a ver”, les advirtieron.
Mientras esto sucedía, al lugar llegaban más patrullas con elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, que llegaron a sumar 15.
“Nos identificamos como periodistas. Nunca violamos el cerco de seguridad y el edificio en donde mi compañero tomó las fotos era propiedad privada; no había ninguna razón para que nos llevaran. Nos detuvieron como media hora”, comentó el reportero.
Los periodistas se comunicaron vía telefónica a la Ciudad de México con el editor de la sección política de El Economista, Ricardo Barraza Gómez, quien explicó al jefe de los agentes el trabajo periodístico que estaban realizando en el lugar. Según Brito Báez, los liberaron pero no los dejaron continuar con su labor.
Barraza Gómez, comentó que directivos de El Economista se comunicaron con Abel Murrieta Gutiérrez, procurador de Justicia del estado, quien reconoció que él había dado la instrucción a los cuerpos policiacos, por lo que asumía la responsabilidad de los hechos. “Es una arbitrariedad, una forma de inhibir la información”, comentó.
En respuesta a la agresión policica, los comunicadores interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora.
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¿También la izquierda?
Agreden a periodistas durante un acto político en Chiapas
México, 23 de junio, 2009 (CEPET). Militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) agredieron y dañaron el equipo de un grupo de comunicadores de varios medios locales que hacían su trabajo durante un acto proselitista de Carlos Díaz Saldaña, candidato a una diputación federal, el pasado jueves 18 de junio, en Tapachula, Chiapas, al sureste de México.
Al final del acto político, realizado en el lienzo charro de esa ciudad y al cual asistió el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, los reporteros se acercaron para recoger sus impresiones sobre el conflicto desatado al interior del PRD por la candidatura de ese partido a la Jefatura Delegacional en Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Cuando los periodistas intentaban entrevistar a los perredistas, una mujer y dos hombres no identificados se fueron contra ellos insultándolos y empujándolos, lo que fue secundado por varios de los asistentes, refirió Ramón García Cardona, reportero del diario Cuarto Poder.
En la acción contra los informadores, Rosario González Chay, de Diario del Sur, así como Rodolfo Hernández González, reportero de El Orbe y corresponsal de Noticias, Voz e Imagen de Chiapas resultaron golpeados, además de sufrir el daño y el robo de su equipo fotográfico respectivamente. Asimismo, los agresores hicieron pedazos el chaleco y la camisa de Raymundo Grajales, reportero de Zona Libre, y dejaron inutilizable la cámara fotográfica de Darinel González López, de Gráfico Sur.
“No había ningún tipo de seguridad. A mí me empujaron y después se fueron contra el compañero de El Orbe, rompiéndole la camisa. Los reporteros que estábamos ahí nos unimos para defendernos”, contó García Cardona. El reportero detalló que incluso después de la trifulca observó que la mujer que dio inicio a la agresión hablaba con el candidato del PRD, aparentemente rindiéndole cuentas, tras lo cual éste le entregó un pago, lo que hace presumir que la mujer formaba parte de los organizadores del evento político.
Rodolfo Hernández, reportero de El Orbe narró que la primera agresión se dio contra un colega de Canal 4, a quien los seguidores del PRD le gritaban “prensa vendida”. Cuando Ramón García, de Cuarto Poder, pidió a los asistentes que los dejaran hacer su trabajo, se fueron sobre él, lo mismo que contra los otros comunicadores que trataron de auxiliarlo.
“Nosotros nos defendimos con lo único que teníamos: grabadoras, cámaras y libretas. Mi cámara se perdió”, dijo.
Los periodistas se vieron obligados a salir huyendo del lugar, y de acuerdo con la versión dada por ambos reporteros a CEPET, horas más tarde el perredista Carlos Díaz Saldaña se puso en contacto con ellos, prometiéndoles que se hará cargo por los daños que hayan sufrido.
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México, 23 de junio, 2009 (CEPET). Militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) agredieron y dañaron el equipo de un grupo de comunicadores de varios medios locales que hacían su trabajo durante un acto proselitista de Carlos Díaz Saldaña, candidato a una diputación federal, el pasado jueves 18 de junio, en Tapachula, Chiapas, al sureste de México.
Al final del acto político, realizado en el lienzo charro de esa ciudad y al cual asistió el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, los reporteros se acercaron para recoger sus impresiones sobre el conflicto desatado al interior del PRD por la candidatura de ese partido a la Jefatura Delegacional en Iztapalapa, en la Ciudad de México.
Cuando los periodistas intentaban entrevistar a los perredistas, una mujer y dos hombres no identificados se fueron contra ellos insultándolos y empujándolos, lo que fue secundado por varios de los asistentes, refirió Ramón García Cardona, reportero del diario Cuarto Poder.
En la acción contra los informadores, Rosario González Chay, de Diario del Sur, así como Rodolfo Hernández González, reportero de El Orbe y corresponsal de Noticias, Voz e Imagen de Chiapas resultaron golpeados, además de sufrir el daño y el robo de su equipo fotográfico respectivamente. Asimismo, los agresores hicieron pedazos el chaleco y la camisa de Raymundo Grajales, reportero de Zona Libre, y dejaron inutilizable la cámara fotográfica de Darinel González López, de Gráfico Sur.
“No había ningún tipo de seguridad. A mí me empujaron y después se fueron contra el compañero de El Orbe, rompiéndole la camisa. Los reporteros que estábamos ahí nos unimos para defendernos”, contó García Cardona. El reportero detalló que incluso después de la trifulca observó que la mujer que dio inicio a la agresión hablaba con el candidato del PRD, aparentemente rindiéndole cuentas, tras lo cual éste le entregó un pago, lo que hace presumir que la mujer formaba parte de los organizadores del evento político.
Rodolfo Hernández, reportero de El Orbe narró que la primera agresión se dio contra un colega de Canal 4, a quien los seguidores del PRD le gritaban “prensa vendida”. Cuando Ramón García, de Cuarto Poder, pidió a los asistentes que los dejaran hacer su trabajo, se fueron sobre él, lo mismo que contra los otros comunicadores que trataron de auxiliarlo.
“Nosotros nos defendimos con lo único que teníamos: grabadoras, cámaras y libretas. Mi cámara se perdió”, dijo.
Los periodistas se vieron obligados a salir huyendo del lugar, y de acuerdo con la versión dada por ambos reporteros a CEPET, horas más tarde el perredista Carlos Díaz Saldaña se puso en contacto con ellos, prometiéndoles que se hará cargo por los daños que hayan sufrido.
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En defensa de la libertad de expresión
Ampara la Corte a periodista y fija límites a demandas penales contra comunicadores
México, 18 de junio, 2009 (CEPET). La Suprema Corte de la Nación (SCJN) otorgó un amparo definitivo al periodista José Sacramento Jesús Orozco Herrera, director del periódico La Antorcha, quien había sido sentenciado a prisión por una demanda que en su contra presentó el ex alcalde de Acámbaro, Guanajuato, al centro de México.
En su resolución, el máximo tribunal estableció medidas para proteger la libertad de información de periodistas contra procesos judiciales al tiempo que consideró que por estar sujetos al escrutinio público los derechos a la privacidad y al honor de los funcionarios públicos y de los políticos deben valorarse de forma diferente que los de los ciudadanos ordinarios.
El caso se remonta al 23 de diciembre de 2004, cuando La Antorcha hizo pública información sobre el despido masivo que estaba realizando el ex presidente municipal de Acámbaro, Antonio Novoa Acevedo. Para documentar lo publicado, el medio entrevistó a un chofer despedido por el funcionario, quien además de declarar que éste utilizaba bienes del municipio en propio beneficio, manifestó haber sido despedido luego de negarse a darle un masaje en la espalda al mandatario local.
En octubre de 2005, Orozco Herrera fue notificado de que había una orden de aprehensión en su contra, derivada de la demanda que había interpuesto Novoa Acevedo, quien argumentó que lo publicado dañaba su reputación. Esto obligó al periodista a ocultarse hasta que logró que le concediera la libertad bajo caución.
Con base en una interpretación de la Ley de Imprenta que rige en Guanajuato, un juez local determinó que era culpable por el delito de ataques a la vida privada, por lo que lo sentenció a tres años, un mes y 15 días de prisión. El periodista interpuso un amparo ante un tribunal colegiado, pero éste ratificó la sentencia.
Finalmente, Orozco Herrera acudió a la SCJN, la cual emitió ayer una resolución que señala diversas irregularidades en el procedimiento judicial al que se sometió al periodista, así como la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Imprenta vigente en Guanajuato, que limita la libertad de expresión.
En el análisis del caso, los ministros revocaron la resolución por considerar que el tribunal colegiado interpretó incorrectamente los artículos 6 y 7 constitucionales —que consagran la libertad de expresión y el derecho a la información—, así como el modo en que deben resolverse los conflictos que frecuentemente se producen entre el ejercicio de estos derechos y los relativos a la intimidad y al honor de funcionarios públicos y políticos.
También señaló los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de la Ley de Imprenta del estado de Guanajuato son inconstitucionales.
Los ministros señalaron que “la Ley de Imprenta no permite hacer las necesarias distinciones entre enjuiciamiento de hechos y de opiniones, ni dar cuenta de que los derechos al honor y a la intimidad de los funcionarios públicos tienen en general una menor extensión y resistencia ante la libertad de expresión, debido a la importancia que hay que dar a la posibilidad de que los medios de comunicación y la opinión pública en general, desplieguen un escrutinio exhaustivo de las actividades de los gobernantes”.
Finalmente la Corte establece que la Ley de Imprenta de Guanajuato es incompatible con los estándares básicos en materia de libertad de expresión que vinculan a México por el hecho de ser parte del sistema interamericano de derechos humanos, y en la resolución se hacen frecuentes referencias a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y al informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del año 2008.
En otro caso relevante, tras un año de juicio, el pasado 21 de abril el juez Décimo Tercero de Distrito en el Distrito Federal, declaró “insubsistente” una demanda presentada por el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, contra el semanario Proceso y el reportero Ricardo Ravelo, al considerar que un reportaje publicado por la revista el 27 de abril de 2008 y que en portada llevaba el título de “Eduardo Bours: narcopoder en Sonora”, habían causado daño a su honor y reputación.
El trabajo periodístico en cuestión hacía una larga relación de hechos acerca de los millonarios negocios realizados por el gobernador y sus hermanos al amparo del poder, además de una investigación de la Procuraduría General de la República abierta contra personajes cercanos a Bours bajo el supuesto de que estarían operando una amplia red de narcotráfico y narcomenudeo, solapados y protegidos por el propio mandatario, quien inició una querella por daño moral.
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México, 18 de junio, 2009 (CEPET). La Suprema Corte de la Nación (SCJN) otorgó un amparo definitivo al periodista José Sacramento Jesús Orozco Herrera, director del periódico La Antorcha, quien había sido sentenciado a prisión por una demanda que en su contra presentó el ex alcalde de Acámbaro, Guanajuato, al centro de México.
En su resolución, el máximo tribunal estableció medidas para proteger la libertad de información de periodistas contra procesos judiciales al tiempo que consideró que por estar sujetos al escrutinio público los derechos a la privacidad y al honor de los funcionarios públicos y de los políticos deben valorarse de forma diferente que los de los ciudadanos ordinarios.
El caso se remonta al 23 de diciembre de 2004, cuando La Antorcha hizo pública información sobre el despido masivo que estaba realizando el ex presidente municipal de Acámbaro, Antonio Novoa Acevedo. Para documentar lo publicado, el medio entrevistó a un chofer despedido por el funcionario, quien además de declarar que éste utilizaba bienes del municipio en propio beneficio, manifestó haber sido despedido luego de negarse a darle un masaje en la espalda al mandatario local.
En octubre de 2005, Orozco Herrera fue notificado de que había una orden de aprehensión en su contra, derivada de la demanda que había interpuesto Novoa Acevedo, quien argumentó que lo publicado dañaba su reputación. Esto obligó al periodista a ocultarse hasta que logró que le concediera la libertad bajo caución.
Con base en una interpretación de la Ley de Imprenta que rige en Guanajuato, un juez local determinó que era culpable por el delito de ataques a la vida privada, por lo que lo sentenció a tres años, un mes y 15 días de prisión. El periodista interpuso un amparo ante un tribunal colegiado, pero éste ratificó la sentencia.
Finalmente, Orozco Herrera acudió a la SCJN, la cual emitió ayer una resolución que señala diversas irregularidades en el procedimiento judicial al que se sometió al periodista, así como la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Imprenta vigente en Guanajuato, que limita la libertad de expresión.
En el análisis del caso, los ministros revocaron la resolución por considerar que el tribunal colegiado interpretó incorrectamente los artículos 6 y 7 constitucionales —que consagran la libertad de expresión y el derecho a la información—, así como el modo en que deben resolverse los conflictos que frecuentemente se producen entre el ejercicio de estos derechos y los relativos a la intimidad y al honor de funcionarios públicos y políticos.
También señaló los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de la Ley de Imprenta del estado de Guanajuato son inconstitucionales.
Los ministros señalaron que “la Ley de Imprenta no permite hacer las necesarias distinciones entre enjuiciamiento de hechos y de opiniones, ni dar cuenta de que los derechos al honor y a la intimidad de los funcionarios públicos tienen en general una menor extensión y resistencia ante la libertad de expresión, debido a la importancia que hay que dar a la posibilidad de que los medios de comunicación y la opinión pública en general, desplieguen un escrutinio exhaustivo de las actividades de los gobernantes”.
Finalmente la Corte establece que la Ley de Imprenta de Guanajuato es incompatible con los estándares básicos en materia de libertad de expresión que vinculan a México por el hecho de ser parte del sistema interamericano de derechos humanos, y en la resolución se hacen frecuentes referencias a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y al informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del año 2008.
En otro caso relevante, tras un año de juicio, el pasado 21 de abril el juez Décimo Tercero de Distrito en el Distrito Federal, declaró “insubsistente” una demanda presentada por el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, contra el semanario Proceso y el reportero Ricardo Ravelo, al considerar que un reportaje publicado por la revista el 27 de abril de 2008 y que en portada llevaba el título de “Eduardo Bours: narcopoder en Sonora”, habían causado daño a su honor y reputación.
El trabajo periodístico en cuestión hacía una larga relación de hechos acerca de los millonarios negocios realizados por el gobernador y sus hermanos al amparo del poder, además de una investigación de la Procuraduría General de la República abierta contra personajes cercanos a Bours bajo el supuesto de que estarían operando una amplia red de narcotráfico y narcomenudeo, solapados y protegidos por el propio mandatario, quien inició una querella por daño moral.
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¿Justicia en Oaxaca?
De manera atípica, dictan un cuarto auto de formal prisión contra el supuesto asesino del camarógrafo norteamericano Brad Will
México, 22 de junio, 2009 (CEPET). El juez Cuarto Penal de Oaxaca, Luis Salvador Cordero Colmenares dictó por cuarta vez en nueve meses auto de formal prisión en contra de Juan Manuel Martínez Moreno, integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), por el delito de homicidio calificado en contra del camarógrafo estadounidense Brad Will, ocurrido el 27 de octubre de 2006, en Santa Lucía del Camino, Oaxaca (sureste de México).
La nueva consignación de Martínez Moreno se da luego de tres fracasos de parte del juzgador por fincarle responsabilidad, pues la justicia federal ha amparado al acusado el mismo número de ocasiones, toda vez que en el expediente no sólo no existen constancias probatorias sobre el lugar en que se ubicaba el principal testigo de cargo al momento en que se suscitaron los hechos, sino que éste ha manifestado que ni siquiera estaba en posibilidad de ver a quien hizo los disparos contra el camarógrafo de la agencia Indymedia, por lo que su testimonio está basado en dichos de terceros.
Juan Manuel Martínez fue detenido el 16 de octubre de 2008, pero fue a mediados de enero de 2009 cuando una juez federal le concedió el primer amparo de la justicia. El Ministerio Público se inconformó e interpuso un recurso de revisión, que el 28 de abril tuvo como respuesta la resolución de un tribunal colegiado, el cual refrendó el amparo al activista de la APPO.
El 6 de mayo se dictó un segundo auto de formal prisión, pero una vez más la juez Quinto de Distrito revocó la decisión. El 28 de mayo, sin suplir las deficiencias en el expediente ni dar mayor solidez a las constancias procesales, Cordero Colmenares dictó el tercer auto que apenas el pasado jueves18 de junio fue echado por tierra por la misma juez. Veinticuatro horas después, y ante lo que la defensa consideró ya una consigna, el juez giró su cuarto auto de formal prisión.
En septiembre de 2008, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 050/2008 en la que cuestionó las conclusiones a que llegó la Procuraduría General de la República (PGR) y en la cual refuta la versión de los peritos ministeriales para establecer que los disparos que mataron Brad Will se realizaron a una distancia de entre 35 y 50 metros de distancia y no a dos metros, principal argumento de la dependencia federal para asegurar que el asesino se encontraba entre los simpatizantes de la APPO.
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Y además demandan...
Candidato demanda a director de revista por exhibir una presunta negociación con el narco
México, 17 de junio, 2009 (CEPET). El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León (norte de México), Mauricio Fernández Garza, presentó una denuncia contra el director de la revista electrónica Reporte Índigo, Ramón Alberto Garza García, por publicar información que lo vincula con el narcotráfico.
El viernes 12 de junio, Reporte Índigo difundió un amplio reportaje y el audio de una conversación sostenida por el candidato con algunos electores, en la que aparentemente reconoce haberse reunido con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y haber pactado con ellos el control del municipio y el esquema de seguridad pública que se aplicaría dentro de éste.
El 15 de junio, Fernández Garza dio a conocer ante los medios la presentación de una denuncia contra Garza García y contra quien resulte responsable por el material publicado sobre él en Reporte Índigo. El candidato panista denunció también que previo a la publicación, el periodista intentó extorsionarlo pues le pidió destinar a la publicación 480 mil pesos en publicidad.
En entrevista con el CEPET, Fernández Garza, quien ratificó su denuncia ante las autoridades este miércoles 17, reconoció que la grabación hecha pública por Índigo es auténtica, pero aseguró que sus declaraciones fueron editadas y sacadas de contexto intencionalmente.
A pregunta expresa sobre la presunta extorsión de Ramón Alberto Garza, reconoció que el periodista no le solicitó dinero personalmente, pero sí a través de otras personas, el último de ellos: Guillermo Martínez, asesor de imagen de la campaña de su principal contrincante (el priista Juan Carlos Pérez Góngora), quien se acreditó como representante de la revista electrónica.
En declaraciones a la prensa, Fernández Garza dijo que “si es necesario” también demandará al empresario Alfonso Romo Garza, socio de Ramón Alberto Garza, pero a quien identificó como dueño de Reporte Índigo, pues “si te muerde un perro debes demandar al dueño del perro, no al perro”. El aspirante a la alcaldía de San Pedro Garza incluso se refirió al periodista como “demente” y “delincuente”.
Por su parte, Hiram de León Rodríguez, abogado del candidato panista, explicó que se presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público y que de acuerdo con la legislación de Nuevo León, será la autoridad la que configure el delito cometido, de considerarlo así.
El CEPET buscó repetidamente a Ramón Alberto Garza, director de Reporte Índigo, para tener su versión de los hechos, pero hasta el momento no había respondido a las peticiones de una entrevista. No obstante, Reporte Índigo publicó este martes un comunicado en diferentes medios bajo el título "En el caso Mauricio Fernández no opinemos desde la ignorancia", en el cual pide a los ciudadanos escuchar con detenimiento las grabaciones para normar su criterio y asumir una postura sobre las declaraciones del candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro.
“Sea que apruebas o rechaces lo que ahí escuches, esa es tu libre decisión, pero al escucharlas tendrás un punto de vista forjado en el conocimiento, no en la ignorancia”, remata.
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No sólo represión
A la Opinión Pública:
POR UNA VERDADERA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El grupo de reporteros independientes que suscriben, con la única intención de defender la libertad de expresión, damos a conocer nuestra postura en torno a las declaraciones vertidas por directivos del Periódico Imagen de Zacatecas, quienes dicen ser objeto de una embestida para condicionar su línea editorial. Al respecto, manifestamos:
1.- A partir del inicio de las campañas electorales, la empresa realizó un cambio drástico en su línea editorial en favor de su candidato panista Luis Enrique Mercado Sánchez, quien hasta hace unos meses era el presidente de Imagen de Zacatecas, así como de sus simpatizantes, hecho con el cual no coincidimos.
2.- En virtud de que fue coartada nuestra libertad de expresión y había presiones laborales al interior del Diario, y con la firme convicción de que no aceptamos ni aceptaremos seguir una línea tendenciosa, nos vimos obligados a dar por terminada la relación de trabajo, a pesar de que ello significaba que una de las suscritas se quedara sin seguridad social a pesar de estar en un avanzado estado de gestación, hecho que por si mismo es contrario a los mas elementales derechos humanos de la mujer.
3.- Este grupo de reporteros fuimos “avisados” por la Dirección del Diario de que podríamos ser despedidos si nos integrábamos de manera libre y voluntaria a una asociación de periodistas, y en aquella época optamos por conservar nuestros empleos y, por ende, renunciar a nuestro derecho de asociación, a pesar de estar consagrado como garantía constitucional en nuestra Carta Magna.
4.- Los funcionarios de gobierno del estado no tuvieron un trato discriminante para nosotros al solicitarles información pública, como lo refiere Patricia Mercado Sánchez, vicepresidenta operativa del Periódico Imagen de Zacatecas, en la carta dirigida a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
5.- Nuestra relación laboral con la empresa concluyó el 4 de junio del año en curso, fecha en la que presumiblemente ya había sido enviada la carta referida a la Sociedad Interamericana de Prensa, por lo que nos sentimos aludidos en dicha declaración.
6.- A diferencia de lo que han manifestado directivos del Diario Imagen, los que suscribimos, aclaramos que en ningún momento nos vimos involucrados en acto alguno de corrupción, ya que en todo momento seguimos al pie de la letra el Código de Ética que supuestamente rige las actividades cotidianas y la línea informativa del Diario.
Por todo lo anterior, decidimos retirarnos del periódico Imagen de Zacatecas y no apoyar así sus intereses políticos.
A t e n t a m e n t e
Zacatecas, Zac. a 16 de junio de 2009
Eva María Gaytán Martínez
José Leonardo Moreno Alvarado
Francisco Manuel López Frausto
Celia Susana Rodríguez
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Contradicciones oficiales
Rechaza PGR que se tenga ubicados a los asesinos del periodista Armando Rodríguez
México, 19 de junio, 2009 (CEPET). Héctor García Rodríguez, delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chihuahua (norte de México), descartó que se tenga ubicados a los asesinos del periodista Armando Rodríguez Carreón, como lo aseguró la procuradora estatal Patricia González Rodríguez.
El fin de semana pasado, la Procuraduría de Justicia de Chihuahua difundió información que establece que esta dependencia entregó desde febrero pasado al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, las conclusiones de su investigación del caso, la cual contenía datos precisos sobre la identidad del autor material del homicidio, su posible ubicación al momento en que el expediente fue entregado y sus nexos con grupos del crimen organizado, así como datos de otras personas que podrían estar ligadas de una u otra forma con la muerte del comunicador.
El CEPET solicitó información al respecto al área de Comunicación Social de la PGR, pero ésta informó que la investigación se encuentra a cargo de la delegación de la PGR en Chihuahua.
También se buscó una entrevista con la procuradora estatal para conocer mayores detalles sobre la investigación. Sus voceros indicaron que quien está a cargo de la investigación es el subprocurador Alejandro Parente Muñoz, sin embargo, éste tampoco respondió las llamadas del CEPET; su encargado de prensa sólo informó que los presuntos homicidas del periodista estarían vinculados con el crimen organizado.
Sin embargo, el pasado miércoles 17 de junio, el secretario de Gobernación descalificó públicamente la investigación de la Procuraduría estatal y dijo que sólo eran “conjeturas, sin ningún sustento”.
El delgado de la PGR confió al CEPET que pese a que ha estado en contacto con las autoridades locales para la investigación del asesinato, a su oficina nunca llegó dicho expediente.
“Nosotros como delegación iniciamos nuestra averiguación a partir de los hechos y desde entonces se ha venido haciendo una serie de investigaciones de las que se han recolectado algunas pruebas que nos pueden llevar a buscar a los responsables, y desde luego el motivo del homicidio de este periodista. Pero a la fecha no hemos concluido esta investigación.
“Ha sido larga, ha sido difícil, hemos obtenido algunas pruebas documentales, señales, se han hecho algunas pruebas periciales. Se ha pedido también apoyo al estado para que nos indique si en su investigación tienen algunos datos. En el expediente de nosotros, no hay datos que arrastren hasta ahora a ninguna posibilidad de fincar responsabilidad a persona determinada”.
García Rodríguez explicó que la labor periodística del comunicador es hasta ahora la principal línea de investigación y que el análisis del material publicado por éste en El Diario de Ciudad Juárez ha dado algunas pistas sobre el móvil del crimen, sin embargo, hasta hoy no se ha podido determinar que éste haya sido el motivo último de su asesinato.
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México, 19 de junio, 2009 (CEPET). Héctor García Rodríguez, delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chihuahua (norte de México), descartó que se tenga ubicados a los asesinos del periodista Armando Rodríguez Carreón, como lo aseguró la procuradora estatal Patricia González Rodríguez.
El fin de semana pasado, la Procuraduría de Justicia de Chihuahua difundió información que establece que esta dependencia entregó desde febrero pasado al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, las conclusiones de su investigación del caso, la cual contenía datos precisos sobre la identidad del autor material del homicidio, su posible ubicación al momento en que el expediente fue entregado y sus nexos con grupos del crimen organizado, así como datos de otras personas que podrían estar ligadas de una u otra forma con la muerte del comunicador.
El CEPET solicitó información al respecto al área de Comunicación Social de la PGR, pero ésta informó que la investigación se encuentra a cargo de la delegación de la PGR en Chihuahua.
También se buscó una entrevista con la procuradora estatal para conocer mayores detalles sobre la investigación. Sus voceros indicaron que quien está a cargo de la investigación es el subprocurador Alejandro Parente Muñoz, sin embargo, éste tampoco respondió las llamadas del CEPET; su encargado de prensa sólo informó que los presuntos homicidas del periodista estarían vinculados con el crimen organizado.
Sin embargo, el pasado miércoles 17 de junio, el secretario de Gobernación descalificó públicamente la investigación de la Procuraduría estatal y dijo que sólo eran “conjeturas, sin ningún sustento”.
El delgado de la PGR confió al CEPET que pese a que ha estado en contacto con las autoridades locales para la investigación del asesinato, a su oficina nunca llegó dicho expediente.
“Nosotros como delegación iniciamos nuestra averiguación a partir de los hechos y desde entonces se ha venido haciendo una serie de investigaciones de las que se han recolectado algunas pruebas que nos pueden llevar a buscar a los responsables, y desde luego el motivo del homicidio de este periodista. Pero a la fecha no hemos concluido esta investigación.
“Ha sido larga, ha sido difícil, hemos obtenido algunas pruebas documentales, señales, se han hecho algunas pruebas periciales. Se ha pedido también apoyo al estado para que nos indique si en su investigación tienen algunos datos. En el expediente de nosotros, no hay datos que arrastren hasta ahora a ninguna posibilidad de fincar responsabilidad a persona determinada”.
García Rodríguez explicó que la labor periodística del comunicador es hasta ahora la principal línea de investigación y que el análisis del material publicado por éste en El Diario de Ciudad Juárez ha dado algunas pistas sobre el móvil del crimen, sin embargo, hasta hoy no se ha podido determinar que éste haya sido el motivo último de su asesinato.
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Represión a periodistas
En aumento, las agresiones de fuerzas de seguridad pública contra periodistas en Chihuahua
México, 16 de junio, 2009 (CEPET). Las agresiones de elementos de seguridad pública contra comunicadores en el estado de Chihuahua, al norte de México, continúan aumentando de manera tal que en la última semana se registraron al menos cinco incidentes de este tipo. El caso más reciente fue el de Daniel Adrián García Villalba y Filiberto Ortiz Vázquez, reportero y jefe de información, respectivamente, del diario El Observador, quienes luego de ser golpeados mientras intentaban realizar su trabajo, fueron arrestados por elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Chihuahua.
Los hechos se registraron la madrugada del domingo 14 de junio, cuando los comunicadores cubrían un enfrentamiento entre vecinos de la colonia Martín López y los policías municipales, informó García Villalba.
Previamente, en el lugar se había registrado un enfrentamiento a pedradas entre pandilleros, del que algunas viviendas resultaron dañadas por lo que los lugareños pidieron auxilio a la policía. Los uniformados, sin embargo, llegaron casi una hora después de que se pedía su presencia, lo que provocó el enojo de los vecinos.
Ante el reclamo de varios ciudadanos, los policías respondieron a golpes. Los periodistas captaron con sus cámaras la agresión, pero al percatarse de esto los uniformados se fueron esta vez contra ellos.
“Nos insultaron, nos quitaron las cámaras, nos esposaron y nos subieron en un auto; en el camino nos pasaron a otro vehículo. Nos pasearon como una hora y luego nos llevaron a la prisión del sur. Nos encerraron y delante de nosotros borraron la memoria de nuestras cámaras”, narró García Villalba.
Los periodistas fueron liberados cuatro horas después de su aprehensión, luego de pagar una multa de 300 pesos y recibir la advertencia de no intentar nada contra los agentes Por estos hechos, los periodistas interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la oficina de Asuntos Internos de la Policía Municipal.
Por otro lado, la noche del jueves 11 de junio, en Ciudad Juárez, un grupo de militares impidió a Gabriela Téllez, reportera del canal 44 de la televisión local, y el camarógrafo que la acompañaba, realizar la cobertura sobre un grupo de heridos durante un ataque a un motel de la localidad. Los soldados empujaron a los comunicadores para impedirles acercarse a la escena y captar imágenes de los hechos, mientras que policías municipales interrogaban a los reporteros, tomaban fotografías y grababan en video las matrículas de sus vehículos.
El fin de semana otro camarógrafo del canal 2 de la empresa Televisa que filmaba desde una azotea las excavaciones que en busca de restos humanos realizaban las autoridades en una vivienda del fraccionamiento La Raza, en la misma Ciudad Juárez, fue sometido y arrastrado por policías ministeriales quienes lo bajaron de lo alto de la propiedad, pese a que no violaba el acordonamiento que se realizó en la zona.
Los hechos fueron captados por una cámara instalada en el mástil de la antena de transmisión de otra televisora, la cual grabó los maltratos de que fue objeto el periodista.
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Surtió efecto la presión
Revocan libertad al asesino de Manuel Buendía; regresa a prisión
México, 15 de junio, 2009 (CEPET). El Gobierno del Distrito Federal revocó la libertad concedida el 18 de febrero de este año a José Antonio Zorrilla Pérez, autor intelectual del homicidio del periodista Manuel Buendía, tras de que éste incumplió requisitos marcados en su expediente de liberación, por lo que el pasado sábado 13 de junio fue reaprehendido y enviado al Reclusorio Oriente.
De acuerdo con las autoridades capitalinas, el ex director de la Dirección Federal de Seguridad no entregó la carta de oferta laboral ni presentó el aval moral que se le exigieron como requisito para obtener una remisión parcial de la pena de 25 años de cárcel a la que fue sentenciado por el crimen de Buendía.
Apenas el pasado 8 de junio un grupo de más de 340 periodistas, intelectuales y políticos cuestionaron en un desplegado publicado en la prensa mexicana el procedimiento mediante el cual la Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales concedió la libertad al ex funcionario y recordaron que Zorrila ordenó el asesinato del periodista desde un elevado cargo gubernamental, “por lo que puede ser considerado un crimen de Estado”. Los firmantes demandaron al gobierno de Marcelo Ebrard iniciar una investigación al respecto y declarar inválida la resolución que dejó libre a Zorrilla una vez evidenciadas las irregularidades.
José Ángel Zorrilla Pérez fue detenido en junio de 1989. Fue procesado y sentenciado originalmente a 35 años de prisión, aunque su defensa logró reducir la condena a 29 años y medio. Cuando abandonó el reclusorio en febrero pasado, el asesino del autor de la columna “Red Privada” apenas había purgado dos tercios de su pena.
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México, 15 de junio, 2009 (CEPET). El Gobierno del Distrito Federal revocó la libertad concedida el 18 de febrero de este año a José Antonio Zorrilla Pérez, autor intelectual del homicidio del periodista Manuel Buendía, tras de que éste incumplió requisitos marcados en su expediente de liberación, por lo que el pasado sábado 13 de junio fue reaprehendido y enviado al Reclusorio Oriente.
De acuerdo con las autoridades capitalinas, el ex director de la Dirección Federal de Seguridad no entregó la carta de oferta laboral ni presentó el aval moral que se le exigieron como requisito para obtener una remisión parcial de la pena de 25 años de cárcel a la que fue sentenciado por el crimen de Buendía.
Apenas el pasado 8 de junio un grupo de más de 340 periodistas, intelectuales y políticos cuestionaron en un desplegado publicado en la prensa mexicana el procedimiento mediante el cual la Dirección Ejecutiva de Sanciones Penales concedió la libertad al ex funcionario y recordaron que Zorrila ordenó el asesinato del periodista desde un elevado cargo gubernamental, “por lo que puede ser considerado un crimen de Estado”. Los firmantes demandaron al gobierno de Marcelo Ebrard iniciar una investigación al respecto y declarar inválida la resolución que dejó libre a Zorrilla una vez evidenciadas las irregularidades.
José Ángel Zorrilla Pérez fue detenido en junio de 1989. Fue procesado y sentenciado originalmente a 35 años de prisión, aunque su defensa logró reducir la condena a 29 años y medio. Cuando abandonó el reclusorio en febrero pasado, el asesino del autor de la columna “Red Privada” apenas había purgado dos tercios de su pena.
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SEDENA corrige
Sanciona la Secretaría de la Defensa a militares por agresión a periodistas
México, 15 de junio, 2009 (CEPET). La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) determinó sancionar a cinco elementos de tropa y a un mando superior, luego de que el pasado 5 de junio los militares agredieron a periodistas que cubrían un accidente automovilístico que involucró a soldados que participan en el Operativo Conjunto Chihuahua y a elementos de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México.
De acuerdo con un comunicado de la Coordinación del Operativo Conjunto Chihuahua, los elementos de tropa cumplen desde el pasado jueves 11 de junio un arresto de 15 días “por su actuación durante el accidente vial en el que resultaron lesionados varios de sus compañeros”.
La Sedena, a través de la 5ª Zona Militar, determinó también el “arresto por un periodo de ocho días para el elemento de mando que tenía a su cargo al personal que participó en el mencionado incidente”, por desobedecer una orden superior. El informe militar explica que el oficial desatendió la orden de “facilitar la labor de los periodistas que día con día llevan a cabo la cobertura de las acciones en las que participa el personal castrense, además de que el trato con todo reportero debe ser respetuoso y cortés”.
El Ejército Mexicano reiteró sus respetos a los representantes de los medios de comunicación y garantizó que no permitirá que este tipo de situaciones ocurran de nuevo. Pero de ser así, no dudará en aplicar las sanciones correspondientes, siempre de conformidad y apego con las leyes y reglamentos militares, afirmó.
El incidente motivo de esta sanción tuvo lugar la noche del 5 de junio cuando un grupo de reporteros, fotógrafos y camarógrafos cubrían el choque de un vehículo en el que cuatro efectivos militares habían resultado heridos. Mediante empujones, los elementos castrenses trataron de impedir que los periodistas realizaran su trabajo e hicieran tomas del incidente, pero la violencia escaló hasta el punto en que José Luis González, reportero gráfico de El Diario de Ciudad Juárez fue derribado y golpeado en el piso, mientras Ernesto Rodríguez, fotógrafo del periódico PM fue despojado de su equipo.
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México, 15 de junio, 2009 (CEPET). La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) determinó sancionar a cinco elementos de tropa y a un mando superior, luego de que el pasado 5 de junio los militares agredieron a periodistas que cubrían un accidente automovilístico que involucró a soldados que participan en el Operativo Conjunto Chihuahua y a elementos de la Policía Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México.
De acuerdo con un comunicado de la Coordinación del Operativo Conjunto Chihuahua, los elementos de tropa cumplen desde el pasado jueves 11 de junio un arresto de 15 días “por su actuación durante el accidente vial en el que resultaron lesionados varios de sus compañeros”.
La Sedena, a través de la 5ª Zona Militar, determinó también el “arresto por un periodo de ocho días para el elemento de mando que tenía a su cargo al personal que participó en el mencionado incidente”, por desobedecer una orden superior. El informe militar explica que el oficial desatendió la orden de “facilitar la labor de los periodistas que día con día llevan a cabo la cobertura de las acciones en las que participa el personal castrense, además de que el trato con todo reportero debe ser respetuoso y cortés”.
El Ejército Mexicano reiteró sus respetos a los representantes de los medios de comunicación y garantizó que no permitirá que este tipo de situaciones ocurran de nuevo. Pero de ser así, no dudará en aplicar las sanciones correspondientes, siempre de conformidad y apego con las leyes y reglamentos militares, afirmó.
El incidente motivo de esta sanción tuvo lugar la noche del 5 de junio cuando un grupo de reporteros, fotógrafos y camarógrafos cubrían el choque de un vehículo en el que cuatro efectivos militares habían resultado heridos. Mediante empujones, los elementos castrenses trataron de impedir que los periodistas realizaran su trabajo e hicieran tomas del incidente, pero la violencia escaló hasta el punto en que José Luis González, reportero gráfico de El Diario de Ciudad Juárez fue derribado y golpeado en el piso, mientras Ernesto Rodríguez, fotógrafo del periódico PM fue despojado de su equipo.
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domingo, 14 de junio de 2009
A venderse
Nuevo portal promueve a periodistas como "marcas comerciales"
''Por ANDREW VANACORENUEVA YORK (AP) A medida que los medios tradicionales naufragan ante la realidad de la noticia gratuita y la publicidad barata en línea, uno de los numerosos experimentos en la internet consiste en promover a los periodistas como ``marcas comerciales'', capaces de generar sus propios ingresos.
Primero fueron las firmas de periodistas hasta entonces anónimos.
Después las fotos, a medida que las noticias pasaron a la internet y los blogs empezaron a publicar retratos de sus colaboradores.
Ahora, el periodista está a punto de dar un nuevo paso desde las bambalinas hasta el centro de la escena, ya que un nuevo portal de internet promueve el concepto del ``periodista empresario''.
Fundado por un veterano de los medios tradicionales, Lewis Dvorkin, True/Slant quiere que sus colaboradores sean más que un nombre y una foto.
Se alienta a los colaboradores a que se conciban como marcas individuales y creen una comunidad de lectores en torno de sus artículos.
"El periodista se convierte en su propia marca individual'', dijo Dvorkin en una entrevista. "Se trata de sus conocimientos, capacidad y credibilidad y los lectores pueden gravitar hacia eso y ser parte de la vida noticiosa del colaborador''.
Por ejemplo, el sitio Huffington Post incluye noticias de otras páginas complementadas con artículos originales de blogs, en tanto ProPublica, una página sin fines de lucro auspiciada por la Fundación Sandler, realiza proyectos de investigación en equipo con periodistas de diarios.
En True/Slant, los colaboradores combinan su trabajo de reporteros con comentarios y enlaces con titulares de toda la red.
Parte importante de la fórmula es la capacidad de la internet de dar mayor voz a los lectores.
El centenar de colaboradores de True/Slant _que incluye nombres ilustres de medios tradicionales como CNN, Rolling Stone y Newsweek, tienen la obligación contractual de relacionarse con los lectores. Todos los meses deben destacar un cierto número de comentarios como dignos de tenerse en cuenta.
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De telenovela
Protagonizan Televisa y Univisión nuevo drama en corte estadunidense
Los Angeles, 8 Jun. (Notimex).- Un nuevo drama entre Univision y Televisa se dará este martes en la corte federal de Los Angeles, donde la televisora hispana en Estados Unidos ha pedido que la empresa mexicana retire reportes de telenovelas del Internet.
En la audiencia, el juez federal Phillip Gutiérrez, escuchará las evidencias para decidir si la más grande compañía de medios de Mexico, Televisa, puede seguir ofreciendo telenovelas a audiencias de Estados Unidos, vía Internet.
Esto, porque según Univisión se ve afectada en razón de que aquí retransmite en fechas diferidas telenovelas mexicanas, lo que les afecta en audiencia al difundirse web.
A principios de este año, dichas compañías alcanzaron un acuerdo extrajudicial para dar fin a una de sus disputas legales, donde Televisa buscaba salirse del contrato de 25 años de abastecerle programas en exclusividad.
La televisora mexicana había denunciado que Univisión la engañaba y sacaba provecho del contrato, al pagarle cantidades irrisorias al tiempo que la segunda tenía fuertes ingresos gracias a exitosos programas como las telenovelas.
La disputa por el asunto del Internet se ha prolongado desde hace tres años, cuando Univision ha demandado que Televisa lo retire de esa forma de exhibición, al acusar que se afecta a los derechos de transmisión de programas.
La compañía mexicana se ha defendido al aducir que el acuerdo firmado en 1992 sólo se enfocó a la programación aportada por esta misma empresa, pero nunca se extendió a otras plataformas de distribución como sería la modalidad de Internet.
Se sabe que la distribución pirata de episodios de programación de telenovelas de Televisa, son algunos de los más observados en sitios como YouTube, según reportes de TubeMogul.Inc.
La semana pasada YouTube mostró 57 mil 200 videos de programas difundidos por Univision y esos extractos atrajeron a más de 613 millones de visitas, de acuerdo a TubeMogul.
En su querella, Univision ha exigido una intervención judicial, ya que por citar un ejemplo, la semana pasada 72 por ciento de los extractos eran de "Cuidado con el ángel", una serie que se ve en Estados Unidos.
Esa situación, se queja Univision, le causa serios daños en sus ingresos por publicidad y teleaudiencia.
Expertos de la corte consideraron que los testimonios y pruebas presentadas se escucharán durante toda la semana y que un veredicto se podría conocer en las próximas semanas.
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http://lapatriaenlinea.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8441&Itemid=33
“La buena prensa es la que molesta a los gobernantes"
Por: Humberto Márquez (*)
Algunos gobiernos de izquierda y centroizquierda en el mapa latinoamericano, “desde Argentina hasta Nicaragua”, pero también de derecha, adoptan el credo de no necesitar de la prensa para establecer una línea directa con sus gobernados, observa el colombiano maestro de periodistas Javier Darío Restrepo.
Una muestra fue el llamado de los presidentes Rafael Correa, de Ecuador, y Hugo Chávez, de Venezuela, el 24 de mayo, a que la novel Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) crease una instancia “que defienda a los gobiernos de los abusos de la prensa”.
De allí partió una conversación con IPS en la que Restrepo –profesor de ética en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y con una trayectoria de 49 años en el periodismo impreso y de 25 en televisión- advirtió sobre la concentración del poder y la pérdida del talante crítico de un periodismo que se aferra demasiado a las fuentes oficiales.
IPS: Los presidentes Correa y Chávez reclaman la necesidad de instancias que defiendan a sus gobiernos de los abusos de la prensa.
Javier Darío Restrepo: Es un problema viejo. En 2004 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó un informe sobre la democracia en América Latina con un dato revelador, la opinión de distintos presidentes acerca del papel de la prensa. Y hay una coincidencia en casi todos acerca del perturbador poder de la prensa, que es un poder que se interpone entre la voluntad de ellos de gobernar y la acción con la población, es decir, sienten que hay un poder paralelo. Esto no debe sonarnos nuevo a los periodistas. La buena prensa es precisamente la que molesta a los gobernantes. Quien está en el poder necesita, como aquel caballo de Sócrates, un aguijón que le impida dormirse.
IPS: ¿Se ha distorsionado lo que debe ser la relación entre gobiernos y prensa?
JDR: Quien está en el poder tiene una distorsión muy grande acerca de sí mismo y de la función que le corresponde cumplir. En el menos malo de los casos, cree que debe cumplir una función de padre solícito que, en razón de su solicitud, despoja de la capacidad de decisión a su protegido. Es lo que pretenden los gobiernos cuando multiplican las reglamentaciones sobre lo que se puede leer o no, lo que se puede ver o no, sobre los que se puede o no hacer. Es como si se convirtieran ellos en los padres de esa gran familia que es toda la sociedad, y por tanto asumieran lo que los padres asumen por amor, en tanto ellos lo hacen por autoridad.
IPS: Llama la atención que ocurra con algunos gobiernos de izquierdas que lucharon por libertades como la de expresión y la de manifestación de los pueblos en defensa de sus derechos. ¿Por qué?
JDR: Uno es el horizonte que uno ve cuando está en la llanura, y otro es cuando se está en las alturas del poder. Aquello de Lord Acton (John Acton, 1834-1902) acerca de que el poder corrompe, tiene una gran amplitud. Corrompe en la capacidad de conocer y, desde luego, la capacidad de evaluar las situaciones. El hecho de que sean de derecha o de izquierda a mí me parece irrelevante. El poder corroe lo que sea, y lo de derecha o izquierda resulta irrelevante frente a su poder corrosivo. Y cuando el poder se concentra en unas manos, resulta explosivo para la psicología del dueño de esas manos. Nuestro presidente en Colombia (Álvaro Uribe) ha reunido todos los poderes prácticamente. El fenómeno es igual, y la reacción del ser humano es igual. Quedan atrás todas las ideologías.
IPS: Algunos gobernantes plantean que las causas que defienden son tan justas y el futuro por conquistar es tan promisorio que bien pueden hacerse a un lado funciones de intermediación que se atribuyó el periodismo.
JDR: Hay una tentativa general para prescindir de la prensa, como un intermediario inútil, pues el gobernante al tener tanto poder en las manos cree que también el de la información es un poder que debe manipular y que él puede establecer línea directa con la población, sin intermediarios. Es el pensamiento que está predominando desde Argentina hasta Nicaragua. Tanto en Argentina como en Nicaragua se ha formulado esa expresión, “no necesitamos de la prensa”.
IPS: ¿Cree usted que ese pensamiento desfavorece la democracia?
JDR: Sí, porque la democracia es gobernar discutiendo, y si los gobiernos son incapaces de discutir es porque son incapaces de construir una democracia que tiene como fundamento no el dinero, no las armas, no las leyes, sino la palabra. Cuando se pretende establecer esa línea directa gobernante-gobernados es porque se quiere prescindir de las instancias especializadas que son las que fiscalizan, las que tienen un manejo técnico de la información, que son las que cumplen el papel que en el ágora cumplía el heraldo. Cuando no hay ese intermediario, entonces el poder engañaimpunemente.
IPS: ¿Quizá el quehacer periodístico dio base para esa actitud desde el poder?
JDR: Eso me parece que crea una coyuntura muy importante para la prensa, que es pensar, y descubrir, que ha utilizado al poder como fuente única, como diciéndose “si los organismos oficiales no nos dan información, ¿quién podrá defendernos?”. Y resulta que sí nos puede defender otra clase de fuentes. Caemos además en cuenta de que estamos viendo los acontecimientos siempre desde arriba. Nuestra reacción instintiva como reporteros, cuando sucede algo, es ir a buscar la autoridad que nos dé la versión oficial. Estamos casados con, y cansados de, versiones oficiales. Y puesto que sólo utilizamos la versión oficial, se nos olvida que hay otras versiones.
IPS: ¿Cuáles son esas otras fuentes que nos lleven a otras versiones?
JDR: En el caso nuestro, en Colombia, hay una versión que siempre se ha olvidado: es la de las víctimas. Las víctimas sólo se tienen en cuenta cuando dan la versión espectacular, sensacional, que hace circular periódicos.Pero la versión de la víctima que nos permite visualizar qué es lo que ha ocurrido, llegar hasta las raíces de lo que ha sucedido, esa no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque se piensa que esa víctima no tiene capacidad suficiente para analizar su propio sufrimiento. Dejamos que exprese su dolor, pero no el análisis, el pensamiento, la reflexión, la inteligencia de su propio sufrimiento. Estamos en una coyuntura favorable para descubrir esas otras fuentes, que no han sido utilizadas, y para liberarnos de la dependencia extrema que tenemos de las fuentes oficiales.
IPS: Los periodistas soslayamos esas otras fuentes y apelamos a las del poder, ¿atrapados en la vorágine de las luchas políticas y económicas o también como producto de alguna degeneración en el ejercicio de nuestro oficio?
JDR: Creo que tiene mucho que ver con el ejercicio rutinario del oficio. Nos hemos acostumbrado a ciertas prácticas, de modo que ellas se llegan a convertir en piel de nuestra piel. Lo hacemos durante mucho tiempo y llega un momento en que perdemos el talante crítico ante ese tipo de prácticas. Se está prescindiendo de una parte de la información, quizá la más valiosa, que es la que dan los que están abajo y los que no tienen la tentación, que da el poder, de mentir y de distorsionar los hechos. Hay que recordar que el poder miente y utiliza la mentira como arma defensiva.
IPS: ¿Por qué pueden ser mejores fuentes las distintas a las del poder?
JDR: La gente de la población es la que puede dar la versión que ellos han vivido de los hechos, que no es una visión contaminada por el poder. Puede estar contaminada por el sentimiento, por el dolor, por la angustia inmediata, pero es diferente, no se ha utilizado. Creo que estamos en mora de revisar nuestra libreta de fuentes y de ampliarla con fuentes que vengan de abajo, y no con tantas fuentes que vienen de arriba. Y particularmente estamos en mora de someter a examen nuestra dependencia de las fuentes oficiales.
IPS: ¿Será que en el periodismo todo tiempo pasado fue mejor?
JDR: Quizá el periodismo del tiempo pasado tenía los sueños intactos.
(*) Caracas- IPS. Esta entrevista anuncia el comienzo de lascolaboraciones de Javier Darío Restrepo con IPS.
“La buena prensa es la que molesta a los gobernantes"
Por: Humberto Márquez (*)
Algunos gobiernos de izquierda y centroizquierda en el mapa latinoamericano, “desde Argentina hasta Nicaragua”, pero también de derecha, adoptan el credo de no necesitar de la prensa para establecer una línea directa con sus gobernados, observa el colombiano maestro de periodistas Javier Darío Restrepo.
Una muestra fue el llamado de los presidentes Rafael Correa, de Ecuador, y Hugo Chávez, de Venezuela, el 24 de mayo, a que la novel Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) crease una instancia “que defienda a los gobiernos de los abusos de la prensa”.
De allí partió una conversación con IPS en la que Restrepo –profesor de ética en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y con una trayectoria de 49 años en el periodismo impreso y de 25 en televisión- advirtió sobre la concentración del poder y la pérdida del talante crítico de un periodismo que se aferra demasiado a las fuentes oficiales.
IPS: Los presidentes Correa y Chávez reclaman la necesidad de instancias que defiendan a sus gobiernos de los abusos de la prensa.
Javier Darío Restrepo: Es un problema viejo. En 2004 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó un informe sobre la democracia en América Latina con un dato revelador, la opinión de distintos presidentes acerca del papel de la prensa. Y hay una coincidencia en casi todos acerca del perturbador poder de la prensa, que es un poder que se interpone entre la voluntad de ellos de gobernar y la acción con la población, es decir, sienten que hay un poder paralelo. Esto no debe sonarnos nuevo a los periodistas. La buena prensa es precisamente la que molesta a los gobernantes. Quien está en el poder necesita, como aquel caballo de Sócrates, un aguijón que le impida dormirse.
IPS: ¿Se ha distorsionado lo que debe ser la relación entre gobiernos y prensa?
JDR: Quien está en el poder tiene una distorsión muy grande acerca de sí mismo y de la función que le corresponde cumplir. En el menos malo de los casos, cree que debe cumplir una función de padre solícito que, en razón de su solicitud, despoja de la capacidad de decisión a su protegido. Es lo que pretenden los gobiernos cuando multiplican las reglamentaciones sobre lo que se puede leer o no, lo que se puede ver o no, sobre los que se puede o no hacer. Es como si se convirtieran ellos en los padres de esa gran familia que es toda la sociedad, y por tanto asumieran lo que los padres asumen por amor, en tanto ellos lo hacen por autoridad.
IPS: Llama la atención que ocurra con algunos gobiernos de izquierdas que lucharon por libertades como la de expresión y la de manifestación de los pueblos en defensa de sus derechos. ¿Por qué?
JDR: Uno es el horizonte que uno ve cuando está en la llanura, y otro es cuando se está en las alturas del poder. Aquello de Lord Acton (John Acton, 1834-1902) acerca de que el poder corrompe, tiene una gran amplitud. Corrompe en la capacidad de conocer y, desde luego, la capacidad de evaluar las situaciones. El hecho de que sean de derecha o de izquierda a mí me parece irrelevante. El poder corroe lo que sea, y lo de derecha o izquierda resulta irrelevante frente a su poder corrosivo. Y cuando el poder se concentra en unas manos, resulta explosivo para la psicología del dueño de esas manos. Nuestro presidente en Colombia (Álvaro Uribe) ha reunido todos los poderes prácticamente. El fenómeno es igual, y la reacción del ser humano es igual. Quedan atrás todas las ideologías.
IPS: Algunos gobernantes plantean que las causas que defienden son tan justas y el futuro por conquistar es tan promisorio que bien pueden hacerse a un lado funciones de intermediación que se atribuyó el periodismo.
JDR: Hay una tentativa general para prescindir de la prensa, como un intermediario inútil, pues el gobernante al tener tanto poder en las manos cree que también el de la información es un poder que debe manipular y que él puede establecer línea directa con la población, sin intermediarios. Es el pensamiento que está predominando desde Argentina hasta Nicaragua. Tanto en Argentina como en Nicaragua se ha formulado esa expresión, “no necesitamos de la prensa”.
IPS: ¿Cree usted que ese pensamiento desfavorece la democracia?
JDR: Sí, porque la democracia es gobernar discutiendo, y si los gobiernos son incapaces de discutir es porque son incapaces de construir una democracia que tiene como fundamento no el dinero, no las armas, no las leyes, sino la palabra. Cuando se pretende establecer esa línea directa gobernante-gobernados es porque se quiere prescindir de las instancias especializadas que son las que fiscalizan, las que tienen un manejo técnico de la información, que son las que cumplen el papel que en el ágora cumplía el heraldo. Cuando no hay ese intermediario, entonces el poder engañaimpunemente.
IPS: ¿Quizá el quehacer periodístico dio base para esa actitud desde el poder?
JDR: Eso me parece que crea una coyuntura muy importante para la prensa, que es pensar, y descubrir, que ha utilizado al poder como fuente única, como diciéndose “si los organismos oficiales no nos dan información, ¿quién podrá defendernos?”. Y resulta que sí nos puede defender otra clase de fuentes. Caemos además en cuenta de que estamos viendo los acontecimientos siempre desde arriba. Nuestra reacción instintiva como reporteros, cuando sucede algo, es ir a buscar la autoridad que nos dé la versión oficial. Estamos casados con, y cansados de, versiones oficiales. Y puesto que sólo utilizamos la versión oficial, se nos olvida que hay otras versiones.
IPS: ¿Cuáles son esas otras fuentes que nos lleven a otras versiones?
JDR: En el caso nuestro, en Colombia, hay una versión que siempre se ha olvidado: es la de las víctimas. Las víctimas sólo se tienen en cuenta cuando dan la versión espectacular, sensacional, que hace circular periódicos.Pero la versión de la víctima que nos permite visualizar qué es lo que ha ocurrido, llegar hasta las raíces de lo que ha sucedido, esa no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque se piensa que esa víctima no tiene capacidad suficiente para analizar su propio sufrimiento. Dejamos que exprese su dolor, pero no el análisis, el pensamiento, la reflexión, la inteligencia de su propio sufrimiento. Estamos en una coyuntura favorable para descubrir esas otras fuentes, que no han sido utilizadas, y para liberarnos de la dependencia extrema que tenemos de las fuentes oficiales.
IPS: Los periodistas soslayamos esas otras fuentes y apelamos a las del poder, ¿atrapados en la vorágine de las luchas políticas y económicas o también como producto de alguna degeneración en el ejercicio de nuestro oficio?
JDR: Creo que tiene mucho que ver con el ejercicio rutinario del oficio. Nos hemos acostumbrado a ciertas prácticas, de modo que ellas se llegan a convertir en piel de nuestra piel. Lo hacemos durante mucho tiempo y llega un momento en que perdemos el talante crítico ante ese tipo de prácticas. Se está prescindiendo de una parte de la información, quizá la más valiosa, que es la que dan los que están abajo y los que no tienen la tentación, que da el poder, de mentir y de distorsionar los hechos. Hay que recordar que el poder miente y utiliza la mentira como arma defensiva.
IPS: ¿Por qué pueden ser mejores fuentes las distintas a las del poder?
JDR: La gente de la población es la que puede dar la versión que ellos han vivido de los hechos, que no es una visión contaminada por el poder. Puede estar contaminada por el sentimiento, por el dolor, por la angustia inmediata, pero es diferente, no se ha utilizado. Creo que estamos en mora de revisar nuestra libreta de fuentes y de ampliarla con fuentes que vengan de abajo, y no con tantas fuentes que vienen de arriba. Y particularmente estamos en mora de someter a examen nuestra dependencia de las fuentes oficiales.
IPS: ¿Será que en el periodismo todo tiempo pasado fue mejor?
JDR: Quizá el periodismo del tiempo pasado tenía los sueños intactos.
(*) Caracas- IPS. Esta entrevista anuncia el comienzo de lascolaboraciones de Javier Darío Restrepo con IPS.
Solidaridad española con Lydia Cacho
La FAPE transmite al Gobierno mexicano su preocupación tras las últimas amenazas recibidas por la periodista Lydia Cacho
·El embajador Jorge Zermeño traslada a la Federación el firme compromiso del Ejecutivo mexicano con la libertad de prensa y con la integridad física de los informadores víctimas de intimidaciones a consecuencia de su trabajo
MADRID, 12 DE JUNIO DE 2009.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) transmitió hoy al embajador de México en España, Jorge Zermeño, su preocupación e intranquilidad por las últimas amenazas recibidas por la periodista mexicana Lydia Cacho.
Durante el encuentro celebrado esta mañana, la presidenta de la FAPE, Magis Iglesias, y el secretario general de la organización, Javier Arenas, y el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Fernando González Urbaneja, hicieron entrega al embajador mexicano de una carta dirigida al presidente Felipe Calderón, en la que le exigen mayores medidas de protección para los periodistas mexicanos víctimas de amenazas a consecuencia de su trabajo, como es el reincidente caso de Lydia Cacho.
En la misiva –rubricada por la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la FAPE, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Fundación Lydia Cacho- las organizaciones firmantes denuncian que las autoridades policiales del Estado de Quintana Roo no hayan querido cursar como denuncias las últimas amenazas recibidas por la periodista Lydia Cacho, al no considerarlas delito. Con esta actitud, las propias fuerzas de seguridad están “desprotegiendo la integridad física de la periodista”, señalan las organizaciones en la carta.
En respuesta, el embajador Zermeño comunicó a los responsables de FAPE el firme compromiso del Gobierno de México con la libertad de prensa y con la integridad física de los informadores mexicanos amenazados a consecuencia de su trabajo.
Para los firmantes, resulta inquietante que, a pesar de la voluntad política expresada por el Gobierno de Felipe Calderón, aún exista falta de interés y de acción por parte de distintas instancias gubernamentales y autoridades estatales. “Creemos firmemente que se puede hacer más por evitar una realidad con datos tan dramáticos como el que refleja que el 70% de los periodistas asesinados en México hubieran sido advertidos previamente con amenazas y acosos”, manifiestan.
No obstante, FIP, FAPE, APM y la Fundación Lydia Cacho solicitan medidas precisas para que la policía y la justicia respondan ante las denuncias por amenazas, a fin de que México abandone la lista de países con mayor número de periodistas y reporteros asesinados y perseguidos. ELa muerte de Eliseo Barrón el pasado 28 de mayo eleva a 49 el número de periodistas asesinados en México desde el año 2000, cifra que incluye tres muertes en 2009, en datos de Reporteros Sin Fronteras.
“En ningún Estado de derecho las y los periodistas deben ser amenazados, violentados y asesinados impunemente”, aseveran las organizaciones en su escrito.
Sobre Lydia Cacho
Lydia Cacho es asociada de la APM, la FAPE y la FIP desde octubre de 2008, cuando la Federación le hizo entrega del carné de honor en reconocimiento a su brillante y comprometida trayectoria. La periodista mexicana es autora del libro Los Demonios del Edén en la cual señala a la mafia de la pederastia en México implicando a varios personajes públicos. Desde su publicación en 2005, no ha cejado de recibir amenazas.
Lydia Cacho saltó a la luz pública por la denuncia penal en su contra, por el supuesto delito de difamación que impuso el empresario libanés Kamel Nacif Borge en el estado de Puebla, y el posterior escándalo político que tuvo lugar al implicar al gobernador de Puebla y al empresario en una supuesta confabulación para violentar la ley en contra de la periodista. Los delitos que denunció Cacho tuvieron lugar en Cancún (Quintana Roo) Cancún donde ella residía y donde fue secuestrada por la policía de Puebla y trasladada de manera ilegal a ese estado, por orden del gobernador de Puebla.
En febrero de 2006 fue dada a conocer la grabación de una llamada telefónica entre el gobernador de Puebla y Kamel Nacif, en la cual este último le agradece el favor hecho por Marín al detener y procesar a Lidia Cacho.
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Eliseo Barron: un escarmiento a todos
Detienen a presuntos asesinos del periodista mexicano Eliseo Barrón; un cártel narcotráfico estaría detrás
México, 12 de junio, 2009 (CEPET). Elementos del Ejército Mexicano detuvieron en un puesto de control en Lerdo y Gómez Palacio, Durango, al norte de México, a cinco de los presuntos asesinos del reportero de La Opinión Milenio, Eliseo Barrón, secuestrado y ejecutado el pasado 26 de mayo en esa entidad.
Los detenidos, identificados como Israel Sánchez Jaime, Víctor Alfredo López, José Pedro Jáuregui Jiménez, Oscar Cárdenas Castillo y Raúl Francisco Rodríguez confesaron pertenecer al grupo criminal de Los Zetas, ligado al cártel del Golfo, y al menos tres de ellos reconocieron haber participado en el asesinato del periodista de Milenio.
La esposa del periodista, quien fue testigo de su secuestro, había informado que fueron ocho los sujetos que secuestraron al reportero.
Los presuntos criminales fueron detenidos por militares en una revisión en el marco de la Campaña Permanente contra el Narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y en la acción les fueron decomisados droga y armamento, de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Según la versión, los sujetos admitieron también estar implicados en el asesinato, el 19 de mayo pasado, de la subdirectora de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Durango, Martha Georgina Correa.
Carlos Marín, director general editorial de Milenio, dio a conocer la información en una entrevista televisiva en la que explicó: “Desde medio día supe la detención por parte del Ejército Mexicano de al parecer cinco personas; tres de ellas hacia el medio día reconocieron haber asesinado a nuestro compañero Eliseo y en este momento están, continúan presentando ya su declaración ante Ministerio Público Federal y personal de la Procuraduría General de la República. Estas personas todo indica que son además de la organización que se conoce como Los Zetas, se desconoce si tienen antecedentes en alguna policía y admiten además haber asesinado a la subdirectora de Servicios Periciales de la Procuraduría del gobierno del estado de Durango. Es lo único que sé.
“Me da gusto el hecho de que al menos en el caso de Eliseo se llegue a la localización de homicidas de periodistas, porque Eliseo fue el número 50 de entre los informadores que han sido asesinados y quienes hasta el momento se desconoce quién o por qué los privaron de la vida”, manifestó el periodista.
En tanto, Ciro Gómez Leyva, director editorial adjunto de Milenio, planteó que aún quedan dudas por resolver como la posible participación de agentes policiacos en su asesinato, si el crimen está relacionado con el hecho de que Barrón aseguró conocer los nombres de los 302 elementos que recientemente se anunció serían dados de baja de la Policía Municipal, si el alcalde de Torreón tiene qué ver algo en los hechos o si como se sugirió, Eliseo había sido amenazado por narcotraficantes para que no publicara cierta información.
El CEPET buscó al subprocurador de Justicia de Durango, Noé Díaz y al delegado de la PGR en el estado, Zacarías Francisco Cabrera Oliver, para obtener detalles de la investigación, pero no fue posible obtener más datos, ya que los detenidos aún se encuentran declarando, dijeron.
Previo a su asesinato, Eliseo Barrón cubría la información del conflicto generado en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde fueron cesados por pérdida de la confianza 302 policías preventivos. La investigación de su asesinato fue atraída por la Procuraduría General de la República el pasado 26 de mayo.
Un escarmiento a periodistas, el crimen de Eliseo Barrón, dice el presunto asesino
México, 12 de junio, 2009 (CEPET). El homicidio de Eliseo Barrón Hernández, reportero del diario La Opinión Milenio, perpetrado el pasado 26 de mayo en el municipio de Gómez Palacio, Durango (norte de México), fue ordenado por Lucio Fernández alias Lucifer, líder de Los Zetas (grupo de sicarios a las órdenes del cártel del Golfo) en la comarca Lagunera.
Lo anterior fue dado a conocer por cinco presuntos integrantes de este grupo delincuencial detenidos por el Ejército Mexicano en un puesto de control en la entidad, en posesión de droga y armamento.
De acuerdo con dato revelados por el delegado de la Procuraduría General de la República, Zacarías Francisco Cabrera Oliver, uno de los cinco aprehendidos, Israel Sánchez Jaime, reconoció ante el Ministerio Público como parte de la averiguación previa AP/PGR/DGO/DGO/293/09, pertenecer a la organización criminal denominada Los Zetas y haber sido quien privó de la vida a Barrón Hernández, así como a la subdirectora de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Durango, Martha Georgina Correa, el pasado 19 de mayo.
Según la declaración ministerial, tanto Sánchez Jaime, como los otros cuatro individuos capturados por el Ejército (Víctor Alfredo López Ramírez, José Pedro Jáuregui Jiménez, Oscar Cárdenas Castillo y Raúl Francisco Rodríguez Valderrama) entraron al domicilio del comunicador la noche del 25 de mayo y amagándolo con armas de fuego lo llevaron a la colonia conocida como La Durangueña, donde lo pusieron frente a su jefe, Lucio Fernández.
Sánchez Jaime confesó haber ultimado al periodista con un disparo de arma de fuego, mientras que el Lucifer le disparó varias veces más con su propia arma. El objetivo de quitarle la vida a Eliseo Barrón —detalló— era darle un escarmiento a los demás comunicadores de la región para que no se metieran con el trabajo que desempeña su grupo delincuencial.
Israel Sánchez, de 25 años de edad, es originario de Gómez Palacio, Durango, y dijo ser era el encargado de cobrar el dinero de la droga que se vende en un sector de la entidad.
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Censura panista
Tras exhibir un plagio, el PAN en México exige suspender canal de El Universal en YouTube
México, 12 de junio, 2009 (CEPET). El canal de videos en internet YouTube suspendió de su portal el canal de El Universal a raíz de una queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN) de Nuevo León, al norte de México, luego de que el diario revelara en su edición impresa y digital que ese partido plagió un spot creado en 2006 para José Luis Rodríguez Zapatero, quien competía por la jefatura del gobierno español, para promover a Fernando Elizondo, candidato panista a la gubernatura de la entidad.
El jueves 11 de junio YouTube notificó a El Universal que el PAN en Nuevo León demandó la suspensión de su canal en ese portal de videos argumentado que el material usado por el diario infringía sus derechos de autor, informó Hilda García Villa, subdirectora de Multimedia de la publicación.
“Nosotros sólo hicimos el comparativo de los dos spots, no estamos plagiando nada, incluso el diario El País levantó hoy la nota”, comentó la periodista.
Detalló que El Universal solicitó a la dirigencia nacional del PAN información sobre el asunto, pero éste a través de su vocero, Héctor Villareal desconoció la acción tomada por su dirigencia local. De la misma manera, en Nuevo León nadie se hizo responsable de la solicitud hecha a YouTube. Juan Carlos Ruiz García, líder estatal del PAN Nuevo León y Ana Cristina Morcos, directora jurídica del partido en el estado, negaron haber presentado queja alguna. Lo mismo hicieron Mónica Agredano, vocera de la campaña de Fernando Elizondo, y María de Jesús López, encargada de Prensa de la campaña.
“Estamos buscando el origen real de la notificación para demostrar quién fue el autor, pues tal y como indica el documento expedido por Youtube fue la dirigencia local en Nuevo León la que pidió retirar el material”, comentó García Villa.
Dijo que El Universal prepara ya una contranotificación para recuperar su cuenta en el portal de YouTube, pero necesita saber el nombre de quién hizo la queja a fin de que sea más fácil su recuperación.
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RSF: caso México
Español/English/Français
Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
8 de junio de 2009
MÉXICO
EL PERIÓDICO REGIONAL EL DIARIO DE JUÁREZ SEÑALA NUEVOS ATAQUES : "UNA INVESTIGACIÓN SE IMPONE FRENTE A ABUSOS DEL EJÉRCITO"
Reporteros sin Fronteras pide que se abra una investigación a nivel de los ministerios federales de Justicia y Defensa para aclarar las violencias cometidas por unos militares en contra de periodistas, el 4 de junio de 2009 en Ciudad Juárez (Norte). Entre estos últimos se encuentra José Luis González, fotógrafo del periódico El Diario, fuertemente afectado durante el año 2008. Una de las oficinas del periódico tuvo que cesar sus actividades tras las amenazas atribuidas a un cartel de la droga.
"La lucha necesaria contra el narcotráfico no puede excusar abusos del Ejército contra la prensa. Un periodista de El Diario tuvo que exiliarse tras haber cuestionado los métodos de algunos militares desplegados en el Estado de Chihuahua en el marco de la ofensiva llevada contra los cárteles. Al abrir la investigación que se impone tras la agresión de José Luis González y sus colegas, el ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la República deben demostrar que los periodistas, que ya sufren las amenazas de los cárteles, no deben temer la presencia de las fuerzas de seguridad", declaró Reporteros sin Fronteras.
José Luis González junto con dos cámaras de televisión y un fotógrafo del diario PM fueron agredidos cuando sacaban imágenes de un accidente de tráfico del que cuatro soldados y un agente municipal patrullando salieron heridos. José Luis González fue golpeado en la espalda, tirado al suelo, molido a culatazos y sujetado bajo la bota de un soldado.
El incidente surgió unos días después del cese de actividad, el 28 de mayo, de una de las redacciones locales de El Diario situada en Parral tras las amenazas de muerte que pesaban sobre el personal. Algunos periodistas relataron a Reporteros sin Fronteras que las recibieron después de la publicación de un artículo relativo a la detención de siete presuntos miembros del cartel de Sinaloa. La noticia mencionaba en particular el nombre de Román Valenzuela, un teniente allegado a Joaquín "El Chapo" Guzmán, jefe del cartel, actualmente prófugo.
En medio de la violencia entre los cárteles que provocó más de 1 600 muertes solamente en el Estado de Chihuahua en 2008, otro periodista de El Diario, Armando Rodríguez Carreón, fue asesinado, el pasado 13 de noviembre, después de haberse refugiado en Estados Unidos por un tiempo (leer el comunicado del 22 de enero de 2009). Este crimen permanece impune. A lo largo del mismo período, algunos periodistas de la zona tuvieron que exiliarse (leer comunicado del 2 de febrero de 2009).
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MEXICO
JUÁREZ-BASED DAILY TARGETED AGAIN, CALL FOR PROBE INTO ARMY ABUSES
Reporters Without Borders calls on the federal justice and defence ministries to investigate a 4 June incident in the northern city of Ciudad Juárez in which soldiers beat several journalists including photographer José Luis González of El Diario, a regional newspaper that suffered a great deal in 2008. In a separate development, one of El Diario's bureaux has just had to close because of threats believed to have come from a drug cartel.
"The need to combat drug trafficking does not justify army mistreatment of media personnel," Reporters Without Borders said. "An El Diario journalist had to go into exile because of the methods used by certain soldiers deployed in Chihuahua state to combat the drug cartels. In appointing an investigation into the attack on González and his colleagues, the federal justice and defence ministries must demonstrate that journalists, who are already threatened by the cartels, have nothing to fear from the security forces."
González, two TV cameramen and a photographer with the PM daily newspaper were assaulted by solders as they were filming and photographing the scene of a road accident in which four soldiers and a police patrol officer were injured. González was struck in the back, thrown to the ground, and beaten repeatedly with a rifle butt while one of the soldiers held him down with his boot.
The incident came just a week after work was suspended at the El Diario bureau in Parral as a result of death threats against the staff. Journalists told Reporters Without Borders that the threats were prompted by an article about the detention of seven presumed members of the Sinaloa cartel. It named Román Valenzuela, one of the lieutenants of cartel chief Joaquín "El Chapo" Guzmán, who is currently on the run.
At the height of last year's violence between the cartels, which left 1,600 dead in Chihuahua state alone, El Diario journalist Armando Rodríguez Carreón was murdered on 13 November, after seeking refuge in the United States (see 22 January release). His murder remains unpunished. Other journalists went into exile at around this time (see 2 February release).
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MEXIQUE
LE QUOTIDIEN RÉGIONAL EL DIARIO DE JUÁREZ CIBLE DE NOUVELLES ATTAQUES : "UNE ENQUÊTE S'IMPOSE SUR LES ABUS DE L'ARMÉE"
Reporters sans frontières demande qu'une enquête soit menée au niveau des ministères fédéraux de la Justice et de la Défense pour faire toute la lumière sur les violences commises par des militaires à l'encontre de journalistes, le 4 juin 2009 à Ciudad Juárez (Nord). Parmi ces derniers figure José Luis González, un photographe du quotidien El Diario, durement affecté au cours de l'année 2008. L'un des bureaux du journal a dû cesser ses activités après des menaces attribuées à un cartel de la drogue.
"La nécessaire lutte contre le narcotrafic ne peut excuser des abus de l'armée contre la presse. Un journaliste du quotidien El Diario a dû s'exiler après avoir mis en cause les méthodes de certains militaires déployés dans l'État de Chihuahua dans le cadre de l'offensive contre les cartels. En diligentant l'enquête qui s'impose suite à l'agression de José Luís González et ses confrères, les ministères fédéraux de la Justice et de la Défense doivent apporter la preuve que les journalistes, déjà confrontés à la menace des cartels, ne doivent pas craindre la présence des forces de sécurité", a déclaré Reporters sans frontières.
José Luis González, deux cameramen de télévision et un photographe du quotidien PM ont été agressés alors qu'il prenaient des clichés d'un accident de la route qui a blessé quatre soldats et un agent municipal en patrouille. José Luis González a été frappé au dos, jeté au sol, roué de coups de crosse de fusil et maintenu à terre sous la botte d'un soldat.
Cet incident survient quelques jours après la cessation d'activité, le 28 mai, de l'une des rédactions locales d'El Diario située à Parral après des menaces de mort contre le personnel. Certains journalistes ont confié à Reporters sans frontières les avoir reçues après la publication d'un article relatif à la détention de sept membres présumés du cartel de Sinaloa. L'information mentionnait notamment le nom de Román Valenzuela, un proche lieutenant de Joaquín "El Chapo" Guzmán, le chef du cartel, actuellement en fuite.
Au plus fort de la violence entre les cartels qui a fait plus de 1 600 morts rien que dans l'État de Chihuahua en 2008, un autre journaliste d'El Diario, Armando Rodríguez Carreón, a été assassiné, le 13 novembre dernier, après s'être réfugié un temps aux États-Unis (lire le communiqué du 22 janvier 2009). Ce crime reste impuni. Au cours de la même période, certains journalistes de la région ont dû prendre le chemin de l'exil (lire le communiqué du 2 février 2009).
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Benoît Hervieu
Despacho Américas / Americas desk
Reporters sans frontières
47, rue Vivienne75002 Paris - France
tél. : +33 (0) 1 44 83 84 68
fax : +33 (0) 1 45 23 11 51
e-mail : ameriques@rsf.org
/ americas@rsf.org
http://www.rsf.org
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En Zacatecas
Denuncia diario veto publicitario e informativo de gobierno estatal como castigo a su línea editorial
México, 8 de junio, 2009 (CEPET). Directivos del periódico Imagen denunciaron un boicot publicitario e informativo por parte del gobierno de Zacatecas, centro de México, por negarse a aceptar la intervención gubernamental en su línea editorial
En entrevista, la vicepresidenta operativa de Imagen de Zacatecas, Patricia Mercado Sánchez, comentó que el gobierno encabezado por Amalia García Medina, del Partido de la Revolución Democrática, ha intentado intervenir de manera recurrente sobre las decisiones de Imagen.
Aseguró que durante la gestión de García Medina, por lo menos una vez al año se han interrumpido los contratos de publicidad que el gobierno estatal tiene con Imagen, derivado esto de la publicación de información que resulta molesta a la gobernadora o a su hija, Claudia Corichi, senadora de la República.
En diciembre de 2008, Imagen renovó el convenio publicitario con el gobierno de Zacatecas, pero según la periodista la relación se volvió muy tensa, pues Héctor Alvarado Gómez, director de Comunicación Social del gobierno, hablaba constantemente para intentar dictar cuál debía ser la nota principal del rotativo, a lo cual los directivos del diario se negaban.
En marzo pasado se registró un nuevo incidente, toda vez que el director de Imagen, Eugenio Mercado Sánchez, concedió una entrevista a la revista Emeequis, en la que hablaba sobre la grave situación de inseguridad que existe en Zacatecas. Al día siguiente, García Medina se reunió con el periodista y le reclamó la información publicada por el semanario.
Al día siguiente, el gobierno de Zacatecas canceló el convenio de publicidad con Imagen, además de no liquidar sus adeudos pendientes del mes anterior con el periódico. De la misma forma, fueron cancelados otros contratos que el diario tenía con organismos independientes y algunos amigos cercanos a la gobernadora Amalia García, agregó Mercado Sánchez.
Además de la publicidad, el gobierno de Zacatecas ha negado todo tipo de información a Imagen, ya que de marzo a la fecha han sido rechazadas cuatro solicitudes de información a diferentes dependencias estatales. La repuesta que les han dado es que no pueden dar información a Imagen “por órdenes de arriba”.
Imagen hizo llegar al CEPET imágenes de mantas aparecidas el fin de semana pasado en la capital de Zacatecas, en las cuales se exige “ética” a los medios, además de un volante distribuido por una organización que se denomina Voces Unidas por la Verdad mediante el cual se exige específicamente a tres medios, NTR, Imagen y TV Azteca que cesen los ataques “contra las instituciones del Estado y quienes la representan.
En el volante aparece también un número telefónico al que CEPET se comunicó para obtener más información; sin embargo, el número corresponde a un domicilio particular en el que se desconoce cualquier dato sobre la organización.
El veto publicitario e informativo que el gobierno estatal ha impuesto a Imagen —aseguró Mercado Sánchez— intenta poner a ese al medio al borde del cierre, en el entendido de que un porcentaje muy importante de los ingresos de las empresas de comunicación proviene de la publicidad estatal.
CEPET buscó al director de Comunicación Social del gobierno de Zacatecas para conocer su posición sobre los señalamientos de Imagen; sin embargo, el funcionario declinó contestar a los llamados pues argumentó estar atendiendo asuntos urgentes de la gobernadora.
Contacto:
Leer más alertas y noticias: www.libex.cepet.org
CEPET libex@cepet.org
Tel. 52/ 55 84 214570
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México, 8 de junio, 2009 (CEPET). Directivos del periódico Imagen denunciaron un boicot publicitario e informativo por parte del gobierno de Zacatecas, centro de México, por negarse a aceptar la intervención gubernamental en su línea editorial
En entrevista, la vicepresidenta operativa de Imagen de Zacatecas, Patricia Mercado Sánchez, comentó que el gobierno encabezado por Amalia García Medina, del Partido de la Revolución Democrática, ha intentado intervenir de manera recurrente sobre las decisiones de Imagen.
Aseguró que durante la gestión de García Medina, por lo menos una vez al año se han interrumpido los contratos de publicidad que el gobierno estatal tiene con Imagen, derivado esto de la publicación de información que resulta molesta a la gobernadora o a su hija, Claudia Corichi, senadora de la República.
En diciembre de 2008, Imagen renovó el convenio publicitario con el gobierno de Zacatecas, pero según la periodista la relación se volvió muy tensa, pues Héctor Alvarado Gómez, director de Comunicación Social del gobierno, hablaba constantemente para intentar dictar cuál debía ser la nota principal del rotativo, a lo cual los directivos del diario se negaban.
En marzo pasado se registró un nuevo incidente, toda vez que el director de Imagen, Eugenio Mercado Sánchez, concedió una entrevista a la revista Emeequis, en la que hablaba sobre la grave situación de inseguridad que existe en Zacatecas. Al día siguiente, García Medina se reunió con el periodista y le reclamó la información publicada por el semanario.
Al día siguiente, el gobierno de Zacatecas canceló el convenio de publicidad con Imagen, además de no liquidar sus adeudos pendientes del mes anterior con el periódico. De la misma forma, fueron cancelados otros contratos que el diario tenía con organismos independientes y algunos amigos cercanos a la gobernadora Amalia García, agregó Mercado Sánchez.
Además de la publicidad, el gobierno de Zacatecas ha negado todo tipo de información a Imagen, ya que de marzo a la fecha han sido rechazadas cuatro solicitudes de información a diferentes dependencias estatales. La repuesta que les han dado es que no pueden dar información a Imagen “por órdenes de arriba”.
Imagen hizo llegar al CEPET imágenes de mantas aparecidas el fin de semana pasado en la capital de Zacatecas, en las cuales se exige “ética” a los medios, además de un volante distribuido por una organización que se denomina Voces Unidas por la Verdad mediante el cual se exige específicamente a tres medios, NTR, Imagen y TV Azteca que cesen los ataques “contra las instituciones del Estado y quienes la representan.
En el volante aparece también un número telefónico al que CEPET se comunicó para obtener más información; sin embargo, el número corresponde a un domicilio particular en el que se desconoce cualquier dato sobre la organización.
El veto publicitario e informativo que el gobierno estatal ha impuesto a Imagen —aseguró Mercado Sánchez— intenta poner a ese al medio al borde del cierre, en el entendido de que un porcentaje muy importante de los ingresos de las empresas de comunicación proviene de la publicidad estatal.
CEPET buscó al director de Comunicación Social del gobierno de Zacatecas para conocer su posición sobre los señalamientos de Imagen; sin embargo, el funcionario declinó contestar a los llamados pues argumentó estar atendiendo asuntos urgentes de la gobernadora.
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Convocatoria CONAPRED
Les comparto la convocatoria al Premio de Periodismo "Rostros de la Discriminación-Gilberto Rincón Gallardo"
http://www.conapred.org.mx/depositobv/ConvocRD-09.pdf
http://www.conapred.org.mx/depositobv/ConvocRD-09.pdf
En Nuevo León
Denuncia director de diario robo a sus instalaciones
México, 8 de junio, 2009 (CEPET). Omar Eli Robles Olvera, director del diario Crucero denunció un robo a las instalaciones del medio que dirige, y aseguró que este hecho constituye un boicot a la publicación por la línea crítica que mantiene contra el gobierno de Nuevo León (norte de México).
El pasado 1 de junio, el equipo de Crucero se retiró alrededor de las 2:00 AM, después de su jornada de trabajo. Para las 6:00 de la mañana, a la llegada del repartidor del diario, éste se percató de que los CPU de las computadoras instaladas en la redacción habían sido sustraídos, sin que se notara la ausencia de ningún otro objeto de valor. Un poco más tarde llegaron a las instalaciones presuntos elementos policiacos, quienes dijeron ser personal del Ministerio Público, a pesar de que nadie había denunciado el robo.
Según Robles Olvera, el repartidor le llamó para informarle que había policías en el lugar; sin embargo, cuando pidió ser comunicado con alguno de ellos, los supuestos agentes se negaron a tomar el teléfono y abandonaron el lugar sin decir nada.
El día del robo, Crucero publicó información relativa a presuntos malos manejos del gobierno estatal en seguridad pública; al día siguiente, el gobierno estatal pagó inserciones en algunos diarios nacionales para desmentir la información del diario local. Robles Olvera afirmó que incluso en dos ocasiones miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) habían intimidado al personal del diario.
El primer incidente —detalló— ocurrió en el mes de abril de 2009, cuando Raymundo Pérez Lacón, coordinador de Comunicación Social del PRI local le advirtió a un reportero que más les valía que no se acercaran al PRI porque estaban molestos con ellos.
Dos semanas después, Daniel Alvarado, también encargado de Comunicación Social, le solicitó a Sergio Garza García, director comercial de Crucero “que le llevara recortes del periódico, porque estaban haciendo muchas críticas al gobierno estatal”, agregó, Robles Olvera a quien lo anterior lo hace pensar que el robo está relacionado con la línea editorial del periódico.
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¿Chivos expiatorios?
Sentencian a presunto asesino de periodista; el proceso, plagado de anomalías
México, 4 de junio, 2009 (CEPET). Hiram Oliveros Ortiz, presunto copartícipe en el homicidio de Roberto Javier Mora García, director editorial del diario El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al norte de México, fue sentenciado a 16 años de prisión por el juez Segundo Penal de Nuevo Laredo, José Alberto Ciprés Sánchez.
Preso en el Penal de Altamira, Oliveros Ortiz, quien ha enfrentado un proceso de más de cinco años, fue notificado de la sentencia el pasado 3 de junio y cuenta con seis días para apelar la resolución, primero ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y posteriormente, de ser necesario, aún podría acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El director editorial de El Mañana fue asesinado la madrugada del 19 de marzo de 2004, de 26 puñaladas, cuando llegaba a su departamento ubicado en la colonia Jardín. Una semana después, el 26 de marzo, la Procuraduría estatal detuvo al presunto asesino material, el estadounidense Mario Medina Vázquez, y a su presunto cómplice, el mexicano Hiram Oliveros, ambos vecinos del periodista.
Desde un inicio, las investigaciones estuvieron marcadas por irregularidades e inconsistencias, por lo que seis organizaciones —tres de ellas nacionales y dos internacionales— integraron el 15 de abril la Comisión “En Memoria”, con el propósito de dar seguimiento al caso. Entre los hechos más notables corroborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el oficio QVGDG 14509 se pudo documentar que los presuntos responsables no sólo fueron detenidos sin orden judicial y presentados hasta varias horas después, sino que fueron víctimas de aislamiento y torturas, primero para acusar a un tercero como el homicida, y posteriormente para declararse culpables.
De manera irregular, durante los interrogatorios se registró la presencia de un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas y un supuesto abogado defensor que habrían sido usados para avalar procesalmente la confesión del crimen por parte de los indiciados, pero que nunca brindaron a los detenidos el apoyo al que estaban legalmente obligados ni se percataron de los golpes que presentaban sus defendidos.
El arma con la que presuntamente fue asesinado Roberto Mora, no coincide con la descrita en la necropsia que realizó la Procuraduría estatal, la cual también manipuló fechas y horarios cuando acepta haber realizado diligencias ministeriales en el domicilio de los inculpados basado en la aceptación del crimen por parte de Mario Medina, cuando en autos consta que éste confesó ser el autor del crimen hasta 24 horas después. Finalmente, a menos de dos meses del crimen, el 13 de mayo de 2004, Medina fue asesinado en el Centro de Readaptación Social número 2 de Nuevo Laredo.
Es importante establecer que la Procuraduría no indagó sobre el trabajo periodístico de la víctima, los temas relacionados con la corrupción policíaca y protección al narcotráfico sobre los que trabajaba en ese momento, ni llamó a todos los testigos que podían aportar información.
Al asumir una posición respecto de la condena contra Hiram Oliveros, El Mañana destacó que Roberto Mora fue un severo crítico de la administración de Tomás Yarrington y del entonces procurador Francisco Cayuela Villarreal; “sin embargo, su trabajo periodístico y esta línea de investigación fueron hechas a un lado”. Los hallazgos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, revelan que en las indagatorias “hubo negligencia, se alteraron pruebas y declaraciones entre otras irregularidades", pero tampoco estas nuevas revelaciones fueron tomadas en cuenta, advierte la publicación.
Y agrega: “queda en el aire una triple injusticia cometida en Tamaulipas: ni se ha aclarado plenamente el homicidio del periodista Roberto Mora, ni la muerte de Mario Medina García, ni se ha probado la culpabilidad de Hiram Oliveros Ortiz, aunque sí se le mantuvo cinco años preso, en un juicio que falló en ser expedito y justo… Quedan, eso sí, los daños causados a las familias de víctimas y acusados”.
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México, 4 de junio, 2009 (CEPET). Hiram Oliveros Ortiz, presunto copartícipe en el homicidio de Roberto Javier Mora García, director editorial del diario El Mañana, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, al norte de México, fue sentenciado a 16 años de prisión por el juez Segundo Penal de Nuevo Laredo, José Alberto Ciprés Sánchez.
Preso en el Penal de Altamira, Oliveros Ortiz, quien ha enfrentado un proceso de más de cinco años, fue notificado de la sentencia el pasado 3 de junio y cuenta con seis días para apelar la resolución, primero ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y posteriormente, de ser necesario, aún podría acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El director editorial de El Mañana fue asesinado la madrugada del 19 de marzo de 2004, de 26 puñaladas, cuando llegaba a su departamento ubicado en la colonia Jardín. Una semana después, el 26 de marzo, la Procuraduría estatal detuvo al presunto asesino material, el estadounidense Mario Medina Vázquez, y a su presunto cómplice, el mexicano Hiram Oliveros, ambos vecinos del periodista.
Desde un inicio, las investigaciones estuvieron marcadas por irregularidades e inconsistencias, por lo que seis organizaciones —tres de ellas nacionales y dos internacionales— integraron el 15 de abril la Comisión “En Memoria”, con el propósito de dar seguimiento al caso. Entre los hechos más notables corroborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el oficio QVGDG 14509 se pudo documentar que los presuntos responsables no sólo fueron detenidos sin orden judicial y presentados hasta varias horas después, sino que fueron víctimas de aislamiento y torturas, primero para acusar a un tercero como el homicida, y posteriormente para declararse culpables.
De manera irregular, durante los interrogatorios se registró la presencia de un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas y un supuesto abogado defensor que habrían sido usados para avalar procesalmente la confesión del crimen por parte de los indiciados, pero que nunca brindaron a los detenidos el apoyo al que estaban legalmente obligados ni se percataron de los golpes que presentaban sus defendidos.
El arma con la que presuntamente fue asesinado Roberto Mora, no coincide con la descrita en la necropsia que realizó la Procuraduría estatal, la cual también manipuló fechas y horarios cuando acepta haber realizado diligencias ministeriales en el domicilio de los inculpados basado en la aceptación del crimen por parte de Mario Medina, cuando en autos consta que éste confesó ser el autor del crimen hasta 24 horas después. Finalmente, a menos de dos meses del crimen, el 13 de mayo de 2004, Medina fue asesinado en el Centro de Readaptación Social número 2 de Nuevo Laredo.
Es importante establecer que la Procuraduría no indagó sobre el trabajo periodístico de la víctima, los temas relacionados con la corrupción policíaca y protección al narcotráfico sobre los que trabajaba en ese momento, ni llamó a todos los testigos que podían aportar información.
Al asumir una posición respecto de la condena contra Hiram Oliveros, El Mañana destacó que Roberto Mora fue un severo crítico de la administración de Tomás Yarrington y del entonces procurador Francisco Cayuela Villarreal; “sin embargo, su trabajo periodístico y esta línea de investigación fueron hechas a un lado”. Los hallazgos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, revelan que en las indagatorias “hubo negligencia, se alteraron pruebas y declaraciones entre otras irregularidades", pero tampoco estas nuevas revelaciones fueron tomadas en cuenta, advierte la publicación.
Y agrega: “queda en el aire una triple injusticia cometida en Tamaulipas: ni se ha aclarado plenamente el homicidio del periodista Roberto Mora, ni la muerte de Mario Medina García, ni se ha probado la culpabilidad de Hiram Oliveros Ortiz, aunque sí se le mantuvo cinco años preso, en un juicio que falló en ser expedito y justo… Quedan, eso sí, los daños causados a las familias de víctimas y acusados”.
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