Televisa VS Aristegui y Villamil

Aristegui da bienvenida a ataque de Televisa

La televisora estalló contra la revista Proceso, el reportero Jenaro Villamil y la periodista de MVS Radio y CNN, al acusarlos de calumnia por publicar y comentar el texto Peña Nieto: Si yo fuera presidente

Aristegui enfrenta la ira de Televisa tras reproducir el artículo de la revista Proceso (Foto: Archivo )

Demian Magallán
El Universal Ciudad de México
Miércoles 24 de junio de 2009 14:00

Los periodistas Carmen Aristegui y Jenaro Villamil le dieron la bienvenida hoy al comunicado que publicó en su contra la empresa Televisa, a causa de un artículo publicado en la revista Proceso.

Al recibir al reportero de la revista Proceso en su programa radial, Aristegui consideró que la reacción de Televisa contribuye al debate de temas de interés nacional.

Televisa estalló contra la revista Proceso, el reportero Jenaro Villamil y la periodista Carmen Aristegui, al acusarlos de calumnia por publicar y comentar el texto "Peña Nieto: Si yo fuera presidente", que puede ser leído en la página de la revista Proceso.

Televisa acusa al reportero Jenaro Villamil de actuar por consigna para afectar a la empresa televisiva, en un desplegado publicado en la prensa nacional.

Denuncia que Aristegui, quien mencionó el reportaje en MVS Noticias, miente respecto a su salida de W Radio y sostiene que la separación de la periodista únicamente obedeció a que su noticiario no era rentable, ni plural.

Televisa refuta el reportaje publicado en Proceso.

Defiende que el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, no ha desembolsado más de 800 millones de pesos en publicidad.

También presume su cobertura noticiosa, negando ocultar información en deterioro del mandatario.

Televisa rechaza que posea una estructura paralela de empresas espejo para ocultar información fiscal a sus socios.

Insiste en que la cobertura noticiosa de sus espacios no favorece a Peña Nieto, sino se basa en dar prioridad a la zona Metropolitana, por el alto índice demográfico que presenta.

Responde Aristegui

La comunicadora señaló que el espacio cedido a Villamil para presentar su libro no fue ningún pago de cuentas por la "defensa" que él hiciera de su salida de W Radio, cuyo responsable de la línea editorial es Grupo Prisa.Dijo que tras la desaparición al aire de su espacio en W pasó "un largo" año sin tener un espacio radiofónico, aunque se mantuvo en televisión en el canal de CNN en Español, situación que no había enfrentado antes en su carrera.La comunicadora comentó que la falta de acuerdos entre ella y la radiodifusora, que propició su salida, se debió esencialmente a la cobertura que hacía de la llamada Ley Televisa, y que afecta los intereses del grupo televisivo, y no a carencias de "trabajo en equipo" y "derecho a la información plural" como dice la empresa.

Respecto a la nota final del texto, en el que se le acusa a de hacer de "la diatriba a Televisa su modus operandi" y menciona su pasada relación laboral con W Radio, Aristegui comentó que eran argumentos de "mal gusto" e "irrelevantes" ante la discusión.

A su vez, Villamil retó a Televisa a realizar un debate para mostrar los elementos que fundamentan su investigación y que la televisora muestre abra todos los contratos que se han firmado con el gobierno de Peña Nieto, y de todos los gobiernos del país.

Respecto a la acusación de que Carlos Salinas de Gortari fungió como asesor de directivos del grupo, el reportero aseguró que lo "tranquiliza mucho" saber que el ex presidente no esté detrás de Televisa.También comentó que sus "errores", los cuales destaca Televisa en el desplegado, se deben a yerros tipográficos y que la confusión de mencionar a sus ejecutivos Leopoldo Gómez y Bernardo Gómez como hermanos fue corregido en tiempo y forma en la propio revista Proceso.
La respuesta párrafo por párrafo de Aristegui y Villamil puede escucharse en el sitio de MVS Radio.


A continuación, el desplegado de Televisa:

"El lunes 22 de junio, Carmen Aristegui y Jenaro Villamil presentaron en radio un libro que difunde una serie de mentiras con respecto a Grupo Televisa.

"Grupo Televisa ha resistido paciente y tolerantemente los infundios que repetidamente se han divulgado sobre su desempeño. Sin embargo, esta actitud no puede ni debe mantenerse ante calumnias como las que se vertieron en ese programa.

"Primera Mentira. Afirman que 'un promedio de 800, 900 millones de pesos anuales' dedica el gobierno del estado de México a la 'compra de tiempo aire y pago de asesorías' a Televisa a través de distintas centrales de medios. La cuenta es absurda. Un ejemplo: en el año 2006, Televisa ingresó y reportó 778 millones de pesos por el total de publicidad política en televisión. Por tratarse de una elección presidencial, 2006 fue el año de mayores ventas de este tipo en todos los medios de comunicación nacionales. Así, el cálculo es mentiroso, un engaño, ya que sería tanto como suponer que el gobernador Enrique Peña Nieto se ha venido promocionando en televisión, año con año, más que todos los candidatos de todos los partidos a todos los puestos de elección popular que se renovaron en esos comicios. Ridículo y mentiroso.

"Segunda Mentira. Dicen que los dueños de Televisa tienen una estructura paralela mediante la cual ocultan información a los accionistas minoritarios. Dicha estructura, afirman, está constituida por las empresas TVPromo, Radar o CreaTV, y que esas tres empresas no tienen, ni han tenido, contrato alguno con Televisa relacionado con el gobierno del estado de México.

"Tercera Mentira. Apuntan que 'Roberto Hernández, el ex accionista de Banamex se transforma en el segundo accionista en importancia después de Emilio Azcárraga Jean dentro de la televisora'. La información es pública y contundente, pero los comunicadores de esta falsedad no se tomaron la molestia de consultarla: Roberto Hernández no figura en la lista de mayores tenedores de acciones ya que posee menos del uno por ciento del total accionario de la empresa. El trabajo del señor Villamil no cumple siquiera con los requisitos de rigor mínimo de cualquier trabajo de investigación serio: la consulta de la información pública y su verificación. Villamil debe recordar que no por gritar una mentira ésta se convertirá en verdad, que no por publicar en Proceso tiene licencia para difamar.

"Cuarta Mentira. Sostienen que 'es 2005 el año en donde Salinas es presentado ante el Consejo de Administración de Televisa como parte ya también de los asesores de Bernardo Gómez y de Emilio Azcárraga Jean'. Esta es una afirmación falsa en toda su extensión. Carlos Salinas jamás había sido presentado ni se ha desempeñado como asesor de ningún ejecutivo de Televisa. La única vez que el ex presidente estuvo reunido con los directivos de Televisa (que no con su Consejo de Administración, como mentirosamente lo afirma Villamil) fue en una convención del grupo en 2005, en Cozumel, ocasión en la que también fueron invitados a dar pláticas otras personalidades del sector público y directivos de empresas, de México y del extranjero, como sucede todos los años en esas convenciones.

"Quinta Mentira. Señalan que la cobertura noticiosa a Enrique Peña Nieto es 'absolutamente anómala, absolutamente fuera de lugar, sin ninguna justificación periodística'. Habrá que recordarle a Carmen Aristegui y al señor Villamil que los noticiarios nacionales de Televisa siempre han tenido una fuerte carga de contenidos provenientes del área metropolitana de la ciudad de México. Además, hay que señalar que el estado de México es la entidad con mayor población del país. La cobertura a la política, economía, sociedad y cultura de esa entidad va en proporción a la audiencia interesada que se informa en los canales de Televisa. Por eso mismo, muy similar es la cobertura que actualmente recibe el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, como lo fue la que en su momento recibió Andrés Manuel López Obrador.

"Sexta Mentira. Elucubran que por la inversión publicitaria del estado de México en Televisa se han minimizado 'vulnerabilidades' de su gobernador. Y cita el avance del narcotráfico, la cantidad de mujeres mexiquenses asesinadas, el caso Atenco y la muerte de la esposa del mandatario estatal. Todos son temas de los que se ha informado puntualmente en Televisa. Sólo es necesario sintonizar cualquier noticiario de Televisa para ver cómo se relata la guerra contra el crimen organizado en esa entidad y en todo el país. Por otro lado, nuestros informativos han transmitido diversos reportajes sobre el caso de las mujeres muertas en el estado de México y las agresiones entre policías y manifestantes en Atenco se transmitieron en vivo y en directo. El reporte del fallecimiento de la señora Pretellini se relató en los términos en los que lo informó la autoridad. Si Aristegui y Villamil tuvieran pruebas para sustentar otra versión de los hechos valdría la pena que las exhibieran y las presentaran ante las autoridades competentes.

"Nota Final. Carmen Aristegui ha hecho de la diatriba de Televisa su modus vivendi, a pesar de que de 2004 a 2007 su participación en W Radio, empresa filial de esta casa, reportó pérdidas por 9.2 millones de pesos, que sumadas a las de Javier Solórzano entre 2004 y 2005, con quien Aristegui negoció su entrada a la W, ascendieron a 14.5 millones de pesos. Tan sólo en 2007, Aristegui recibió un ingreso de 3.6 millones de pesos de esa empresa filial. Además de estas cuestiones financieras, en su oportunidad Grupo Prisa, encargada de la línea editorial de W Radio, explicó que Aristegui salió de la programación debido a que tras un año de conversaciones no hubo posibilidad de acuerdo para que ella se incorporara a un modelo basado en el 'trabajo en equipo' y el 'derecho a la información plural'. Ni rentabilidad, ni trabajo en equipo, ni información plural. Es ahí donde se pueden encontrar las razones de la salida de Aristegui de la W y no en una supuesta 'conspiración' de intereses eclesiásticos-empresariales-políticos obsesionados con 'silenciar su voz', como ella y sus allegados han sostenido. Nada más alejado de la verdad.
"La insistencia de Aristegui de promover las mentiras de Villamil sólo puede entenderse como el pago a las veces que Villamil 'defendió' en las páginas de Proceso la salida de Aristegui de su programa de radio, al confundir una decisión de sentido común para una empresa de radio con un supuesto ataque a la libertad de expresión.

"Y en cuanto a Jenaro Villamil ¿qué podemos esperar de la veracidad de su contenido? Un 'periodista de consigna' que ni siquiera conoce los nombres de los ejecutivos de Televisa, empresa a la que lleva 'investigando' tantos años. Aquí algunos ejemplos: Villamil menciona a José Gastón en lugar de José Bastón (Proceso 1682) y a Adolfo de Angoitia en lugar de Alfonso de Angoitia (Proceso 1701). Un ejemplo más: Villamil 'descubre' (Proceso 1575) que Leopoldo Gómez, actual vicepresidente de Noticieros, es hermano de Bernardo Gómez, vicepresidente Ejecutivo. Una mentira más. La coincidencia de apellidos no asegura que sean parientes, como no lo son. Ninguno de estos errores se puede justificar bajo una perspectiva de periodismo de investigación mínimamente documentado.

"Villamil lleva años difamando a Televisa por cuenta y orden de la revista Proceso. En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador no estaba equivocado en una carta dirigida al director de ese semanario cuando afirmó: 'el propósito de estas líneas es expresar mi desacuerdo con la actitud de los duendes que existen en al redacción de la revista Proceso… mi crítica va dirigida a quienes, invocando una supuesta pluralidad, nos calumnian…' (Proceso 1698). Villamil es uno de esos duendes, que hacen de la calumnia un oficio.

"Grupo Televisa fija esta postura para que la audiencia de Carmen Aristegui y Jenaro Villamil tenga un verdadero acceso a la información plural, conozca cuáles son las mentiras que divulgan y no esté sujeta a la manipulación interesada".

Firma: Manuel Compeán Palacios, director general corporativo de Comunicación, Grupo Televisa

Sonora caliente

Agreden agentes policiacos a reportero y fotógrafo de
El Economista

México, 24 de junio, 2009 (CEPET). Omar Brito Báez y David Rojas, reportero y fotógrafo, respectivamente, del diario El Economista fueron agredidos por policías municipales y estatales mientras recogían información sobre el incendio de la guardería que el 5 de junio pasado cobró la vida de 47 niños en Hermosillo, Sonora, al norte de México.

Enviados a la localidad para dar seguimiento a la tragedia que conmocionó a la opinión pública, el pasado viernes 19 de junio, los periodistas llegaron al lugar donde se encontraba la guardería ABC y solicitaron permiso a los encargados de una llantera que ubicada al lado del inmueble siniestrado, para tomar fotografías desde la azotea de dicho negocio, relató Brito Báez.

Alrededor de las 15:30 horas, al percatarse de que Rojas se encontraba en lo alto del inmueble, cuatro policías se lanzaron contra él mientras lo agredían de manera verbal. Finalmente, el comunicador fue sometido por los agentes, quienes intentaron quitarle la memoria de la cámara fotográfica, mientras argumentaban que estaba violando el cerco de seguridad.

Como el reportero gráfico se negó a entregar la memoria, los uniformados le aplicaron castigo al brazo para lastimarlo y obligarlo a entregarles su equipo; sin embargo, el fotógrafo resistió y logró entregar la cámara al reportero. Los policías se fueron entonces contra Brito Báez, a quien lastimaron también de la mano para que les entregara el dispositivo. Tras no lograr su objetivo, los uniformados amenazaron a los comunicadores con llevarlos ante el Ministerio Público. “Cuando lleguemos ahí, van a ver”, les advirtieron.

Mientras esto sucedía, al lugar llegaban más patrullas con elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, que llegaron a sumar 15.

“Nos identificamos como periodistas. Nunca violamos el cerco de seguridad y el edificio en donde mi compañero tomó las fotos era propiedad privada; no había ninguna razón para que nos llevaran. Nos detuvieron como media hora”, comentó el reportero.

Los periodistas se comunicaron vía telefónica a la Ciudad de México con el editor de la sección política de El Economista, Ricardo Barraza Gómez, quien explicó al jefe de los agentes el trabajo periodístico que estaban realizando en el lugar. Según Brito Báez, los liberaron pero no los dejaron continuar con su labor.

Barraza Gómez, comentó que directivos de El Economista se comunicaron con Abel Murrieta Gutiérrez, procurador de Justicia del estado, quien reconoció que él había dado la instrucción a los cuerpos policiacos, por lo que asumía la responsabilidad de los hechos. “Es una arbitrariedad, una forma de inhibir la información”, comentó.

En respuesta a la agresión policica, los comunicadores interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora.


Contacto:
Leer más alertas y noticias: www.libex.cepet.org
CEPET libex@cepet.org
-

¿También la izquierda?

Agreden a periodistas durante un acto político en Chiapas

México, 23 de junio, 2009 (CEPET). Militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) agredieron y dañaron el equipo de un grupo de comunicadores de varios medios locales que hacían su trabajo durante un acto proselitista de Carlos Díaz Saldaña, candidato a una diputación federal, el pasado jueves 18 de junio, en Tapachula, Chiapas, al sureste de México.

Al final del acto político, realizado en el lienzo charro de esa ciudad y al cual asistió el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, los reporteros se acercaron para recoger sus impresiones sobre el conflicto desatado al interior del PRD por la candidatura de ese partido a la Jefatura Delegacional en Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Cuando los periodistas intentaban entrevistar a los perredistas, una mujer y dos hombres no identificados se fueron contra ellos insultándolos y empujándolos, lo que fue secundado por varios de los asistentes, refirió Ramón García Cardona, reportero del diario Cuarto Poder.

En la acción contra los informadores, Rosario González Chay, de Diario del Sur, así como Rodolfo Hernández González, reportero de El Orbe y corresponsal de Noticias, Voz e Imagen de Chiapas resultaron golpeados, además de sufrir el daño y el robo de su equipo fotográfico respectivamente. Asimismo, los agresores hicieron pedazos el chaleco y la camisa de Raymundo Grajales, reportero de Zona Libre, y dejaron inutilizable la cámara fotográfica de Darinel González López, de Gráfico Sur.

“No había ningún tipo de seguridad. A mí me empujaron y después se fueron contra el compañero de El Orbe, rompiéndole la camisa. Los reporteros que estábamos ahí nos unimos para defendernos”, contó García Cardona. El reportero detalló que incluso después de la trifulca observó que la mujer que dio inicio a la agresión hablaba con el candidato del PRD, aparentemente rindiéndole cuentas, tras lo cual éste le entregó un pago, lo que hace presumir que la mujer formaba parte de los organizadores del evento político.

Rodolfo Hernández, reportero de El Orbe narró que la primera agresión se dio contra un colega de Canal 4, a quien los seguidores del PRD le gritaban “prensa vendida”. Cuando Ramón García, de Cuarto Poder, pidió a los asistentes que los dejaran hacer su trabajo, se fueron sobre él, lo mismo que contra los otros comunicadores que trataron de auxiliarlo.

“Nosotros nos defendimos con lo único que teníamos: grabadoras, cámaras y libretas. Mi cámara se perdió”, dijo.

Los periodistas se vieron obligados a salir huyendo del lugar, y de acuerdo con la versión dada por ambos reporteros a CEPET, horas más tarde el perredista Carlos Díaz Saldaña se puso en contacto con ellos, prometiéndoles que se hará cargo por los daños que hayan sufrido.

Contacto:
Leer más alertas y noticias: www.libex.cepet.org
CEPET libex@cepet.org
-

En defensa de la libertad de expresión

Ampara la Corte a periodista y fija límites a demandas penales contra comunicadores

México, 18 de junio, 2009 (CEPET). La Suprema Corte de la Nación (SCJN) otorgó un amparo definitivo al periodista José Sacramento Jesús Orozco Herrera, director del periódico La Antorcha, quien había sido sentenciado a prisión por una demanda que en su contra presentó el ex alcalde de Acámbaro, Guanajuato, al centro de México.

En su resolución, el máximo tribunal estableció medidas para proteger la libertad de información de periodistas contra procesos judiciales al tiempo que consideró que por estar sujetos al escrutinio público los derechos a la privacidad y al honor de los funcionarios públicos y de los políticos deben valorarse de forma diferente que los de los ciudadanos ordinarios.

El caso se remonta al 23 de diciembre de 2004, cuando La Antorcha hizo pública información sobre el despido masivo que estaba realizando el ex presidente municipal de Acámbaro, Antonio Novoa Acevedo. Para documentar lo publicado, el medio entrevistó a un chofer despedido por el funcionario, quien además de declarar que éste utilizaba bienes del municipio en propio beneficio, manifestó haber sido despedido luego de negarse a darle un masaje en la espalda al mandatario local.

En octubre de 2005, Orozco Herrera fue notificado de que había una orden de aprehensión en su contra, derivada de la demanda que había interpuesto Novoa Acevedo, quien argumentó que lo publicado dañaba su reputación. Esto obligó al periodista a ocultarse hasta que logró que le concediera la libertad bajo caución.

Con base en una interpretación de la Ley de Imprenta que rige en Guanajuato, un juez local determinó que era culpable por el delito de ataques a la vida privada, por lo que lo sentenció a tres años, un mes y 15 días de prisión. El periodista interpuso un amparo ante un tribunal colegiado, pero éste ratificó la sentencia.

Finalmente, Orozco Herrera acudió a la SCJN, la cual emitió ayer una resolución que señala diversas irregularidades en el procedimiento judicial al que se sometió al periodista, así como la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Imprenta vigente en Guanajuato, que limita la libertad de expresión.

En el análisis del caso, los ministros revocaron la resolución por considerar que el tribunal colegiado interpretó incorrectamente los artículos 6 y 7 constitucionales —que consagran la libertad de expresión y el derecho a la información—, así como el modo en que deben resolverse los conflictos que frecuentemente se producen entre el ejercicio de estos derechos y los relativos a la intimidad y al honor de funcionarios públicos y políticos.

También señaló los artículos 1, 3, 4, 5 y 6 de la Ley de Imprenta del estado de Guanajuato son inconstitucionales.

Los ministros señalaron que “la Ley de Imprenta no permite hacer las necesarias distinciones entre enjuiciamiento de hechos y de opiniones, ni dar cuenta de que los derechos al honor y a la intimidad de los funcionarios públicos tienen en general una menor extensión y resistencia ante la libertad de expresión, debido a la importancia que hay que dar a la posibilidad de que los medios de comunicación y la opinión pública en general, desplieguen un escrutinio exhaustivo de las actividades de los gobernantes”.

Finalmente la Corte establece que la Ley de Imprenta de Guanajuato es incompatible con los estándares básicos en materia de libertad de expresión que vinculan a México por el hecho de ser parte del sistema interamericano de derechos humanos, y en la resolución se hacen frecuentes referencias a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y al informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del año 2008.

En otro caso relevante, tras un año de juicio, el pasado 21 de abril el juez Décimo Tercero de Distrito en el Distrito Federal, declaró “insubsistente” una demanda presentada por el gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, contra el semanario Proceso y el reportero Ricardo Ravelo, al considerar que un reportaje publicado por la revista el 27 de abril de 2008 y que en portada llevaba el título de “Eduardo Bours: narcopoder en Sonora”, habían causado daño a su honor y reputación.

El trabajo periodístico en cuestión hacía una larga relación de hechos acerca de los millonarios negocios realizados por el gobernador y sus hermanos al amparo del poder, además de una investigación de la Procuraduría General de la República abierta contra personajes cercanos a Bours bajo el supuesto de que estarían operando una amplia red de narcotráfico y narcomenudeo, solapados y protegidos por el propio mandatario, quien inició una querella por daño moral.
-

¿Justicia en Oaxaca?

De manera atípica, dictan un cuarto auto de formal prisión contra el supuesto asesino del camarógrafo norteamericano Brad Will

México, 22 de junio, 2009 (CEPET). El juez Cuarto Penal de Oaxaca, Luis Salvador Cordero Colmenares dictó por cuarta vez en nueve meses auto de formal prisión en contra de Juan Manuel Martínez Moreno, integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), por el delito de homicidio calificado en contra del camarógrafo estadounidense Brad Will, ocurrido el 27 de octubre de 2006, en Santa Lucía del Camino, Oaxaca (sureste de México).

La nueva consignación de Martínez Moreno se da luego de tres fracasos de parte del juzgador por fincarle responsabilidad, pues la justicia federal ha amparado al acusado el mismo número de ocasiones, toda vez que en el expediente no sólo no existen constancias probatorias sobre el lugar en que se ubicaba el principal testigo de cargo al momento en que se suscitaron los hechos, sino que éste ha manifestado que ni siquiera estaba en posibilidad de ver a quien hizo los disparos contra el camarógrafo de la agencia Indymedia, por lo que su testimonio está basado en dichos de terceros.

Juan Manuel Martínez fue detenido el 16 de octubre de 2008, pero fue a mediados de enero de 2009 cuando una juez federal le concedió el primer amparo de la justicia. El Ministerio Público se inconformó e interpuso un recurso de revisión, que el 28 de abril tuvo como respuesta la resolución de un tribunal colegiado, el cual refrendó el amparo al activista de la APPO.

El 6 de mayo se dictó un segundo auto de formal prisión, pero una vez más la juez Quinto de Distrito revocó la decisión. El 28 de mayo, sin suplir las deficiencias en el expediente ni dar mayor solidez a las constancias procesales, Cordero Colmenares dictó el tercer auto que apenas el pasado jueves18 de junio fue echado por tierra por la misma juez. Veinticuatro horas después, y ante lo que la defensa consideró ya una consigna, el juez giró su cuarto auto de formal prisión.

En septiembre de 2008, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 050/2008 en la que cuestionó las conclusiones a que llegó la Procuraduría General de la República (PGR) y en la cual refuta la versión de los peritos ministeriales para establecer que los disparos que mataron Brad Will se realizaron a una distancia de entre 35 y 50 metros de distancia y no a dos metros, principal argumento de la dependencia federal para asegurar que el asesino se encontraba entre los simpatizantes de la APPO.

Contacto:
Leer más alertas y noticias: www.libex.cepet.org
CEPET libex@cepet.org
-

Y además demandan...

Candidato demanda a director de revista por exhibir una presunta negociación con el narco

México, 17 de junio, 2009 (CEPET). El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León (norte de México), Mauricio Fernández Garza, presentó una denuncia contra el director de la revista electrónica Reporte Índigo, Ramón Alberto Garza García, por publicar información que lo vincula con el narcotráfico.

El viernes 12 de junio, Reporte Índigo difundió un amplio reportaje y el audio de una conversación sostenida por el candidato con algunos electores, en la que aparentemente reconoce haberse reunido con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva y haber pactado con ellos el control del municipio y el esquema de seguridad pública que se aplicaría dentro de éste.

El 15 de junio, Fernández Garza dio a conocer ante los medios la presentación de una denuncia contra Garza García y contra quien resulte responsable por el material publicado sobre él en Reporte Índigo. El candidato panista denunció también que previo a la publicación, el periodista intentó extorsionarlo pues le pidió destinar a la publicación 480 mil pesos en publicidad.

En entrevista con el CEPET, Fernández Garza, quien ratificó su denuncia ante las autoridades este miércoles 17, reconoció que la grabación hecha pública por Índigo es auténtica, pero aseguró que sus declaraciones fueron editadas y sacadas de contexto intencionalmente.

A pregunta expresa sobre la presunta extorsión de Ramón Alberto Garza, reconoció que el periodista no le solicitó dinero personalmente, pero sí a través de otras personas, el último de ellos: Guillermo Martínez, asesor de imagen de la campaña de su principal contrincante (el priista Juan Carlos Pérez Góngora), quien se acreditó como representante de la revista electrónica.

En declaraciones a la prensa, Fernández Garza dijo que “si es necesario” también demandará al empresario Alfonso Romo Garza, socio de Ramón Alberto Garza, pero a quien identificó como dueño de Reporte Índigo, pues “si te muerde un perro debes demandar al dueño del perro, no al perro”. El aspirante a la alcaldía de San Pedro Garza incluso se refirió al periodista como “demente” y “delincuente”.

Por su parte, Hiram de León Rodríguez, abogado del candidato panista, explicó que se presentó una denuncia de hechos ante el Ministerio Público y que de acuerdo con la legislación de Nuevo León, será la autoridad la que configure el delito cometido, de considerarlo así.

El CEPET buscó repetidamente a Ramón Alberto Garza, director de Reporte Índigo, para tener su versión de los hechos, pero hasta el momento no había respondido a las peticiones de una entrevista. No obstante, Reporte Índigo publicó este martes un comunicado en diferentes medios bajo el título "En el caso Mauricio Fernández no opinemos desde la ignorancia", en el cual pide a los ciudadanos escuchar con detenimiento las grabaciones para normar su criterio y asumir una postura sobre las declaraciones del candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro.

“Sea que apruebas o rechaces lo que ahí escuches, esa es tu libre decisión, pero al escucharlas tendrás un punto de vista forjado en el conocimiento, no en la ignorancia”, remata.

Contacto:
Leer más alertas y noticias: www.libex.cepet.org
CEPET libex@cepet.org
-

No sólo represión

A la Opinión Pública:

POR UNA VERDADERA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El grupo de reporteros independientes que suscriben, con la única intención de defender la libertad de expresión, damos a conocer nuestra postura en torno a las declaraciones vertidas por directivos del Periódico Imagen de Zacatecas, quienes dicen ser objeto de una embestida para condicionar su línea editorial. Al respecto, manifestamos:

1.- A partir del inicio de las campañas electorales, la empresa realizó un cambio drástico en su línea editorial en favor de su candidato panista Luis Enrique Mercado Sánchez, quien hasta hace unos meses era el presidente de Imagen de Zacatecas, así como de sus simpatizantes, hecho con el cual no coincidimos.

2.- En virtud de que fue coartada nuestra libertad de expresión y había presiones laborales al interior del Diario, y con la firme convicción de que no aceptamos ni aceptaremos seguir una línea tendenciosa, nos vimos obligados a dar por terminada la relación de trabajo, a pesar de que ello significaba que una de las suscritas se quedara sin seguridad social a pesar de estar en un avanzado estado de gestación, hecho que por si mismo es contrario a los mas elementales derechos humanos de la mujer.

3.- Este grupo de reporteros fuimos “avisados” por la Dirección del Diario de que podríamos ser despedidos si nos integrábamos de manera libre y voluntaria a una asociación de periodistas, y en aquella época optamos por conservar nuestros empleos y, por ende, renunciar a nuestro derecho de asociación, a pesar de estar consagrado como garantía constitucional en nuestra Carta Magna.

4.- Los funcionarios de gobierno del estado no tuvieron un trato discriminante para nosotros al solicitarles información pública, como lo refiere Patricia Mercado Sánchez, vicepresidenta operativa del Periódico Imagen de Zacatecas, en la carta dirigida a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

5.- Nuestra relación laboral con la empresa concluyó el 4 de junio del año en curso, fecha en la que presumiblemente ya había sido enviada la carta referida a la Sociedad Interamericana de Prensa, por lo que nos sentimos aludidos en dicha declaración.

6.- A diferencia de lo que han manifestado directivos del Diario Imagen, los que suscribimos, aclaramos que en ningún momento nos vimos involucrados en acto alguno de corrupción, ya que en todo momento seguimos al pie de la letra el Código de Ética que supuestamente rige las actividades cotidianas y la línea informativa del Diario.

Por todo lo anterior, decidimos retirarnos del periódico Imagen de Zacatecas y no apoyar así sus intereses políticos.

A t e n t a m e n t e
Zacatecas, Zac. a 16 de junio de 2009


Eva María Gaytán Martínez
José Leonardo Moreno Alvarado
Francisco Manuel López Frausto
Celia Susana Rodríguez
-