En tiempos de crisis, columnista cuestiona el papel de las universidades en la formación de periodistas
Por Juliana Lima/IB el 04/10/2009
En momentos en que las empresas periodísticas alrededor del mundo, especialmente en Estados Unidos, sienten los efectos de la crisis financiera, Sarah Lacy, columnista del blog TechCrunch, pregunta: “¿Quién demonios se está matriculando en escuelas de periodismo ahora?”.
Según un reportaje en la revista Forbes citado por Lacy, el número de inscritos en la escuelas de periodismo estadounidense ha crecido considerablemente, a pesar de que casi un sexto de los empleos en periódicos han desaparecido desde el año 2001.
Sin embargo, ahora parece que los jóvenes estudiantes de periodismo ya están al tanto de la nueva realidad. "Cuando le pregunto a los aspirantes a periodistas dónde quieren estar en diez o veinte años, nadie dice el New York Times o el Wall Street Journal. Ellos quieren tener un blog famoso. Y algunos ya lo tienen", añade Lacy.
La columnista, que también escribe para la revista Business Week y presenta un programa en el portal Yahoo, comenzó su carrera en pequeño semanario de negocios en Memphis, Estados Unidos. A pesar de provenir de una familia de profesores universitarios, nunca asistió a una escuela de periodismo. "Tuve grandes editores, aprendí una tonelada al día sobre todo, desde cómo obtener información de las personas hasta dónde poner una coma", dice.
Lacy sostiene que los profesionales no necesitan de un título en periodismo, porque las universidades fuerzan "un estilo que fue calificado como aceptable por un grupo de dinosaurios hace millones de años" y en consecuencia, en la era de los blogs los periodistas no tienen voz propia. Para Lacy, las viejas fórmulas ya demostraron que no garantizan el éxito de un periodista. "Me gusta bromear y decir que no estoy calificada para hacer mi trabajo. No sé cómo escribir un texto en pirámide invertida y ni siquiera sé qué significa".
¿Acaso las escuelas de periodismo no están tratando de ajustarse al nuevo escenario?
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sábado, 11 de abril de 2009
Caso Brad Will
Abogado de familia de periodista de EE.UU. muerto en México denuncia acoso de los fiscales
Por Maya Srikrishnan/IB el 04/08/2009
El abogado mexicano de la familia de Brad Will, Miguel Ángel de los Santos, acusó a los fiscales de hostigamiento e intimidación luego de que criticara la investigación por la muerte del periodista estadounidense, reportaron la Associated Press (AP) y La Jornada.
Will, un camarógrafo de Indymedia.org, murió de un tiro en octubre de 2006 mientras cubría las violentas confrontaciones entre varios manifestantes y las fuerzas de seguridad al sur de Oaxaca.
De los Santos dijo que la Procuraduría General de la República lo ha citado a declarar dos veces, acusado de revelar secretos sobre la investigación del caso a los medios, añade La Jornada. El abogado niega haber cometido delito alguno.
En septiembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que los funcionarios públicos federales y estatales cometieron varias irregularidades en la investigación del caso, incluidos problemas con la recolección de evidencia y la autopsia. También urgió a los fiscales a reexaminar la conclusión de que Will recibió un tiro de un manifestante contrario al gobierno. La familia del periodista cree que son las fuerzas policiales las están detrás de su muerte, explica la AP.
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Más de Oaxaca
Atacan desconocidos a periodista que ha sido amenazada en varias ocasiones
México, 8 de abril, 2009 (CEPET). Rebeca Luna Jiménez, corresponsal del grupo Radio Mil, fue atacada por ocho sujetos la noche del lunes 6 de abril cuando circulaba por una transitada avenida, junto con su esposo y otro acompañante en la ciudad de Oaxaca, al sur de México.
La periodista, quien cubre la fuente política y desde hace dos años información sobre seguridad publica, reveló que ha sido amenazada en varias ocasiones en los últimos cuatro años. Las últimas amenazas las recibió en septiembre del año pasado, cuando un desconocido llamó a su teléfono móvil tres ocasiones diciéndole que la iba a matar a ella y a sus hijos.
“Me llamaba desde una caseta. Me decía: ‘Te vamos a matar a ti y a tus hijos… Deja de publicar… Pronto vas a saber noticias de nosotros’. Tuve que trasladar a mis hijos a la ciudad de México por temor a que le hicieran lago”, narró Luna Jiménez.
La comunicadora, quien también colabora para varios medios locales, narró que el lunes 6 de abril viajaba con su esposo y un amigo de él en una camioneta, cuando alrededor de las 9 pm (hora local) un sujeto que circulaba en una motocicleta se les emparejó y los observó detenidamente.
El motociclista los rebasó y cuando lo alcanzaron nuevamente, unos 100 metros adelante, el sujeto los señaló y otros siete desconocidos se les fueron encima aprovechando que la circulación era muy lenta, dijo Luna Jiménez.
“Se nos fueron encima sin decir palabras, más que ofensas. Yo estaba escribiendo en mi computadora y me tiré al piso. Rompieron todos los vidrios, me arrebataron la computadora y se fueron. Había algunos policías pero no hicieron nada. Tampoco nos auxiliaron cuando llamamos al 066, señaló la periodista.
Luna Jiménez manifestó que está preocupada porque ayer llamó al comandante de robos y le dijo que aún no tenía el oficio de la investigación. “El procurador me dijo que la investigación se iba hacer pronto”, dijo.
Varios medios de comunicación han manifestado preocupación por los recurrentes ataques contra periodistas que se han registrado en Oaxaca en los últimos días.
Federico Carrera Hernández, corresponsal del periódico Noticias denunció en una rueda de prensa que el pasado 3 de abril, policías del municipio de Teotitlán lo detuvieron ilegalmente, lo golpearon y le robaron sus pertenencias cuando regresaba al municipio de Huatla.
El periodista responsabilizó de la agresión al presidente municipal de Teoitlán, Amado Olmos Meza, y aseguró que escuchó como el edil les dio instrucciones a los policías para que lo siguieran hostigando.
El domingo 5 de abril el periodista Jaime Méndez Pérez, director de la Agencia de Noticias JP fue agredido por ejidatarios en el municipio de San José de Progreso cuando cubría una asamblea ejidal.
El CEPET solicita a las autoridades de Oaxaca que se investigue a fondo la agresión que sufrió la periodista Rebeca Luna Jiménez para ubicar los responsables. Así mismo que garanticen el libre ejercicio de los comunicadores en la entidad y sostiene que las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación representan un ataque en contra de la sociedad porque éstos vulneran su derecho a estar informada
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Más en Puebla
Policía judiciales agreden a dos reporteros gráficos
México, 9 de abril, 2009 (CEPET). José Antonio León Castañares y Oscar Bolaños Herrera, reporteros gráficos de los periódicos La Jornada Oriente y Síntesis respectivamente, fueron agredidos por agentes judiciales cuando cubrían un enfrentamiento entre pobladores en el municipio de Santa María La Alta, en el estado de Puebla, al centro de México.
Los hechos ocurrieron al medio día de ayer cuando los vecinos de dicha comunidad detuvieron a un presunto ladrón y lo encerraron en la presidencia municipal y amenazaban con lincharlo. Al lugar arribaron autoridades locales para negociar su liberación, pero cuando llegó un grupo de policías se armó una trifulca, pero los uniformados tomaron el control, contó León Castañares.
Al filo de las 7 pm (hora local) los policías salieron de la presidencia municipal escoltando al presunto delincuente y algunos vecinos los increparon y hubo otra trifulca. Los uniformados respondieron lanzando gases lacrimógenos y disparando con armas de fuego, dijo el comunicador
León Castañares narró que estaba tomado fotos de la trifulca cuando un policía se le acercó y le dijo: “¡Aguanta con la cámara!”. Como el fotógrafo continúo haciendo su trabajo otro policía se acercó y lo agredió.
“Me dijo que no me pasara y levantó la macana. Le dije que no me amenazara y me dio un dos macanazos, el tercero lo desvié, pero le pegó a mi cámara. Cuando vi que venía otro judicial, corrí, corrí unos cuatro metros. Ellos me lanzaban piedras”.
El reportero gráfico informó que su compañero del diario Síntesis, Oscar Bolaños Herrera, fue agredido de manea similar por los policías.
Claudia Espinosa García, jefa de información de Síntesis confirmó el hecho y agregó que Bolaños Herrera tiene una herida en la espalda, al parecer acusada por una bala de goma.
El CEPET condena la agresión que sufrieron los reporteros gráficos José Antonio León Castañares y Oscar Bolaños Herrera y sostiene que las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación representan un ataque en contra de la sociedad porque éstos vulneran su derecho a estar informada.
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Por denunciar
Impone EMP “marcaje personal” a reporteros de Megamedia durante visita de Calderón a Campeche: Diario de Yucatán
México, 8 de abril, 2009 (CEPET). Directivos del Diario de Yucatán denunciaron que el Estado Mayor Presidencial (EMP) impuso un marcaje personal a reporteros de Megamedia durante la visita de ayer del presidente Felipe Calderón Hinojosa al estado de Campeche, sur de México.
El hecho se da en el marco de la denuncia que hizo recientemente Megamedia, casa editora del Diario de Yucatán, contra el titular de la Lotería Nacional por intentar sobornarla para promover a los candidatos del PAN en Campeche rumbo a las elecciones que se celebrarán próximamente e la entidad.
Calderón Hinojosa viajó ayer inesperadamente a la ciudad de Campeche para inaugurar dos centros de atención médica. Durante su visita, los periodistas que cubrieron la gira fueron recluidos en una zona delimitada por vallas, a la que el presidente apenas se acercó a unos cinco metros, publicó el Diario de Yucatán en su edición de hoy.
Los reporteros de Diario de Yucatán y La i que acudieron a cubrir la visita del presidente Felipe Calderón Hinojosa fueron “protegidos” por el EMP, especialmente en la inauguración del Centro de Oncología de Campeche, comentó Pablo Cicero Alanís, director editorial adjunto de Megamedia.
“Dos guardias que llegaron con la comitiva se mantuvieron muy cerca de los reporteros de Megamedia, y cuando el fotógrafo Sergio González, se alejó para tomar otra perspectiva del evento uno de ellos se aproximó a él, sin perder detalles de sus movimientos, y le pidió que regresara al área de prensa”, detalló Cicero Alanís.
Agregó que el reportero Martín Acosta esperaba que el presidente Calderón Hinojosa pasara junto a él para preguntarle sobre el intento de soborno del director de la Lotería Nacional, pero el jefe del Ejecutivo atendió a una seña de Pedro Monterrubio, enlace de la oficina de Comunicación Social de la Presidencia con Medios de Provincia, y se pegó al lado derecho del pasillo central, formado con vallas metálicas, viendo y saludando a los empleados del Sector Salud invitados al evento. Calderón evadió a la prensa local.
“Segundos antes, un agente del Estado Mayor Presidencial se acercó a nuestro compañero, quien tenía las manos en los bolsillos, y llevándose el guardia la mano a la parte trasera de la cintura (no tenía arma a la vista) le hizo el ademán de que mostrara las manos. Lo más cerca que la prensa local estuvo del Presidente fue a seis metros en el evento del Centro de Oncología”, dijo.
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sábado, 4 de abril de 2009
Uy, la paloma
Solamente por el gusto de compartir a mis nietas y a mi nuera, desde Aguascalientes, Ags.
Urgente protección
Pide Comisión de Derechos Humanos al secretario de Seguridad Púbica federal medidas cautelares para una periodista
México, 3 de abril, 2009 (CEPET). La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó ayer al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, protección cautelar para la reportera de la revista Reporte Índigo, Anabel Hernández y su familia debido a que la comunicadora teme por su seguridad, su integridad física y su libertad de expresión.
En un comunicado público la CNDH consideró que los temores de la periodista son fundados e informó que Hernández presentó una queja ante la dependencia en la que señala que García Luna declaró en algunos medios de comunicación su intención de demandarla por una investigación periodística que realizó sobre el funcionario. El funcionario presumió que las investigaciones de la reportera son parte de una campaña orquestada por el crimen organizado.
El pasado viernes 27 de marzo, Hernández reveló, a través de Reporte Índigo, que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública construye una residencia en una exclusiva zona al sur de la Ciudad de México, con un valor que rebasa los 20 millones de dólares.
Ese mismo día, camarógrafos de la televisora por cable TVC fueron enviados por el departamento de noticias de ese medio al inmueble de propiedad de García Luna para tomar imágenes y dar seguimiento a la información.
Los camarógrafos fueron detenidos, incomunicados e interrogados por más de 15 horas, pese a que se identificaron planamente como periodistas.
El martes 31 de marzo, García Luna declaró en un noticiario radiofónico que prepara una demanda civil contra el semanario electrónico Reporte Índigo por el reportaje que publicó sobre la presunta construcción de su residencia. En el noticiario, el funcionario dijo que el reportaje escrito por Hernández “vulnera a mi familia y a mis hijos".
Agregó que dicho reportaje forma parte de una campaña de desprestigio en su contra. "Buscan intimidarme, que me repliegue, pero no va a ser así. Por el contrario, no voy a dar un paso atrás en la lucha contra el crimen".
Ante las declaraciones de Gracia Luna, “la periodista Anabel Hernández considera que los hechos mencionados pueden poner en riesgo su vida, la de su familia, la integridad de su hija y de manera particular su estado de gravidez, como consecuencia de haber ejercido su derecho a la libertad de expresión, por lo cual solicitó a esta Comisión Nacional se instrumenten las medidas cautelares”, dice el comunicado.
La dependencia estableció un plazo de tres días para que García Luna emita una respuesta a su solicitud.
El periódico La Crónica dio a conocer que ayer fue detenido el catedrático y especialista en temas de seguridad, Roberto Vidal Méndez, cuando salía de una estación radiofónica del grupo Radio Centro, en el cual se abordó la polémica residencia en construcción del secretario de Seguridad Pública
La Crónica reseña que Vidal Méndez, “ex presidente de la Barra de Doctores en Derecho y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, se encontraba incomunicado y algunos abogados intentaban presentar una solicitud de amparo para liberarlo”.
También informa que un visitador de la CNDH intentó entrevistarse con Vidal sin conseguirlo hasta las 21:50 horas del jueves.
“Las presuntas acusaciones en contra de Roberto Vidal tienen que ver con tráfico de armas y de drogas, y lavado de dinero”, detalla el diario.
En una entrevista radiofónica, la periodista Anabel Hernández dijo que Vidal Méndez fue detenido de manera ilegal, sin orden de aprehensión. “Es vecino de García Luna y amigo mío, y un ciudadano inocente” señaló.
Agregó que desde hace una semana no sale a la calle por temor a ser detenida.
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Rule by law
"Pinches periodistas"
John M. Ackerman
(Difusión Cencos México D.F., 1 de abril de 2009, publicado por Proceso)
Décadas de vivir bajo un régimen opaco y autoritario han acostumbrado a funcionarios públicos, jueces y poderes fácticos a moldear la ley a su antojo. En lugar de que se consolide el Estado de derecho como un espacio para dirimir las diferencias en un marco de igualdad y justicia, lo que ha predominado es el tráfico de influencias y el abuso de la autoridad.
En las palabras del Dr. Stephen Holmes, de la Universidad de Nueva York, en situaciones como la nuestra el “rule of law” (“gobierno de la ley”) se convierte de manera perversa en el “rule by law” (“gobierno por la ley”) en el que los poderosos utilizan la norma como un arma para defender sus intereses particulares.
Las vergonzosas conversaciones telefónicas de Luis Téllez con su abogado, el “sobreseimiento” de las multas en contra de TV Azteca y Televisa por el Instituto Federal Electoral y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Atenco, son casos que demuestran la continuidad de la lógica autoritaria en el ejercicio del poder en el México “democrático” de hoy. También habría que recordar otros casos recientes, como el intento de Jorge Emilio González Martínez de “negociar” proyectos turísticos en Cancún, las extorsiones de Carlos Ahumada y el frívolo comportamiento de Marta Sahagún cuando pernoctaba en Los Pinos. Desafortunadamente, esta lista pareciera interminable e incluye los inolvidables casos de los gobernadores Mario Marín, Ulises Ruiz y Sergio Estrada Cajigal, entre muchos otros más.
Algunos de los casos más ominosos son los que implican la persecución de los periodistas. Sin una prensa libre y desinhibida, nuestra democracia rápidamente empezará a marchitarse. Más allá de la preocupante persecución y violencia física que tienen que sufrir muchos comunicadores de manera cotidiana, habría que sumar un aumento reciente en demandas frívolas por “daño moral” que no tienen otra intención que silenciar e intimidar a reporteros, escritores y analistas. Recientemente, tuvimos que atestiguar el lamentable espectáculo del juicio en contra de Alfredo Rivera Flores, autor de La Sosa Nostra, y Miguel Ángel Granados Chapa, prologuista del texto. El caso de Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea, constituye otro claro botón de muestra de la manipulación de la “justicia” por intereses creados.
Existe otro caso que no ha recibido la misma atención pública pero que es igual de preocupante. El año pasado, la licenciada Consuelo Villalobos Ortiz, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), demandó de manera temeraria a cinco periodistas por “daño moral”, incluyendo dos reporteros del periódico Reforma, Abel Barajas y Víctor Fuentes, un columnista de El Financiero, Luis Soto, y los analistas Eduardo Huchim y Rubén Lara León.
La magistrada acusa a los periodistas de haberla difamado al recoger y hacer públicas las anomalías encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al revisar la Cuenta Pública de 2005. Específicamente, la investigación de la ASF encontró una serie de irregularidades en el proceso de remodelación del edificio del TFJFA ubicado en Insurgentes Sur 881. El auditor recomendó el inicio de procedimientos de responsabilidad en contra de ocho colaboradores de Villalobos, quien en ese momento fungía como presidenta del tribunal. Al final de cuentas, ninguno de los funcionarios fue sancionado. Sin embargo, las irregularidades de la remodelación finalmente sí obligaron a la constructora a resarcir el daño con 1.8 millones de pesos.
La magistrada Villalobos cree que la simple divulgación pública de esta información le causa perjuicios a su honor equivalentes al increíble e ilegal monto de 6 millones 500 mil pesos. Pero el colofón de esta situación ha sido el comportamiento del abogado de Villalobos, el licenciado Gustavo Herrera, quien ha buscado utilizar sus contactos personales para conseguir un juicio favorable para su cliente.
El pasado 11 de febrero, el juez 21 del Distrito Federal, Bruno Cruz Jiménez, formalmente se excusó del caso porque había recibido presiones de parte del abogado Herrera. En el acta administrativa que resume las razones por la excusa, se recoge la siguiente declaración del juez Cruz con respecto a un encuentro que tuvo con el abogado litigante:
“El día de hoy, siendo las 14:30 horas, recibí en mi privado, manteniendo la puerta abierta, al litigante Gustavo Herrera Torres, quien hizo manifestaciones y ostentación de que ganaría el juicio que patrocina en este Juzgado porque tiene un gran padrino de nombre Luis Guzmán Ramírez, y que había ido a comer recientemente con él, de quien sabe es maestro del suscrito ‘por haberme enseñado a jugar frontenis’, y que sabe que todavía en algunas ocasiones ‘nos reunimos para ir a jugar frontenis’, que tanto el litigante como el licenciado Luis Guzmán Ramírez vendrían personalmente para invitarme a comer; diciéndome el litigante con palabras antisonantes (sic) que no le tuviera miedo a ‘los pinches periodistas’ porque la Ley de Responsabilidad Civil estaba hecha a su modo y era anticonstitucional, y que llamaría a este juicio a declarar a todos los periodistas que comentaran el asunto, por lo que al escucharlo en tono amenazante le pedí que se retirara”.
En este caso el juez tuvo la valentía y la independencia para excusarse del caso para evitar incurrir en conflictos de interés o tráfico de influencias. Habría que celebrar sin regateos la honradez del licenciado Cruz Jiménez. Sin embargo, lo más probable es que ni Villalobos ni Herrera se darán por vencidos tan fácilmente. Habría que ver, por ejemplo, si en la audiencia citada para este domingo 29 a las 10 de la mañana la magistrada se atreve a presentarse personalmente en el juzgado o se limita a entregar su declaración por escrito, escudándose en su condición de funcionaria pública.
El más amplio número de comunicadores y analistas tendríamos que levantar la voz para denunciar este tipo de abusos y exigir que el nuevo juez que revise el caso proceda con estricto apego a derecho, aunque nos citen a declarar cuantas veces quieran. Es necesario demostrar nuestra solidaridad con distinguidos periodistas como Abel Barajas, Víctor Fuentes, el columnista Luis Soto, así como con los reconocidos analistas Eduardo Huchim y Rubén Lara. Pero esta gesta debe ser sobre todo por defender el derecho a informar y a ser informados con veracidad y transparencia. Con casos como éstos se juega ni más ni menos que el futuro de nuestra incipiente democracia.
www.johnackerman.blogspot.com
Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos
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John M. Ackerman
(Difusión Cencos México D.F., 1 de abril de 2009, publicado por Proceso)
Décadas de vivir bajo un régimen opaco y autoritario han acostumbrado a funcionarios públicos, jueces y poderes fácticos a moldear la ley a su antojo. En lugar de que se consolide el Estado de derecho como un espacio para dirimir las diferencias en un marco de igualdad y justicia, lo que ha predominado es el tráfico de influencias y el abuso de la autoridad.
En las palabras del Dr. Stephen Holmes, de la Universidad de Nueva York, en situaciones como la nuestra el “rule of law” (“gobierno de la ley”) se convierte de manera perversa en el “rule by law” (“gobierno por la ley”) en el que los poderosos utilizan la norma como un arma para defender sus intereses particulares.
Las vergonzosas conversaciones telefónicas de Luis Téllez con su abogado, el “sobreseimiento” de las multas en contra de TV Azteca y Televisa por el Instituto Federal Electoral y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Atenco, son casos que demuestran la continuidad de la lógica autoritaria en el ejercicio del poder en el México “democrático” de hoy. También habría que recordar otros casos recientes, como el intento de Jorge Emilio González Martínez de “negociar” proyectos turísticos en Cancún, las extorsiones de Carlos Ahumada y el frívolo comportamiento de Marta Sahagún cuando pernoctaba en Los Pinos. Desafortunadamente, esta lista pareciera interminable e incluye los inolvidables casos de los gobernadores Mario Marín, Ulises Ruiz y Sergio Estrada Cajigal, entre muchos otros más.
Algunos de los casos más ominosos son los que implican la persecución de los periodistas. Sin una prensa libre y desinhibida, nuestra democracia rápidamente empezará a marchitarse. Más allá de la preocupante persecución y violencia física que tienen que sufrir muchos comunicadores de manera cotidiana, habría que sumar un aumento reciente en demandas frívolas por “daño moral” que no tienen otra intención que silenciar e intimidar a reporteros, escritores y analistas. Recientemente, tuvimos que atestiguar el lamentable espectáculo del juicio en contra de Alfredo Rivera Flores, autor de La Sosa Nostra, y Miguel Ángel Granados Chapa, prologuista del texto. El caso de Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez, de la revista Contralínea, constituye otro claro botón de muestra de la manipulación de la “justicia” por intereses creados.
Existe otro caso que no ha recibido la misma atención pública pero que es igual de preocupante. El año pasado, la licenciada Consuelo Villalobos Ortiz, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), demandó de manera temeraria a cinco periodistas por “daño moral”, incluyendo dos reporteros del periódico Reforma, Abel Barajas y Víctor Fuentes, un columnista de El Financiero, Luis Soto, y los analistas Eduardo Huchim y Rubén Lara León.
La magistrada acusa a los periodistas de haberla difamado al recoger y hacer públicas las anomalías encontradas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al revisar la Cuenta Pública de 2005. Específicamente, la investigación de la ASF encontró una serie de irregularidades en el proceso de remodelación del edificio del TFJFA ubicado en Insurgentes Sur 881. El auditor recomendó el inicio de procedimientos de responsabilidad en contra de ocho colaboradores de Villalobos, quien en ese momento fungía como presidenta del tribunal. Al final de cuentas, ninguno de los funcionarios fue sancionado. Sin embargo, las irregularidades de la remodelación finalmente sí obligaron a la constructora a resarcir el daño con 1.8 millones de pesos.
La magistrada Villalobos cree que la simple divulgación pública de esta información le causa perjuicios a su honor equivalentes al increíble e ilegal monto de 6 millones 500 mil pesos. Pero el colofón de esta situación ha sido el comportamiento del abogado de Villalobos, el licenciado Gustavo Herrera, quien ha buscado utilizar sus contactos personales para conseguir un juicio favorable para su cliente.
El pasado 11 de febrero, el juez 21 del Distrito Federal, Bruno Cruz Jiménez, formalmente se excusó del caso porque había recibido presiones de parte del abogado Herrera. En el acta administrativa que resume las razones por la excusa, se recoge la siguiente declaración del juez Cruz con respecto a un encuentro que tuvo con el abogado litigante:
“El día de hoy, siendo las 14:30 horas, recibí en mi privado, manteniendo la puerta abierta, al litigante Gustavo Herrera Torres, quien hizo manifestaciones y ostentación de que ganaría el juicio que patrocina en este Juzgado porque tiene un gran padrino de nombre Luis Guzmán Ramírez, y que había ido a comer recientemente con él, de quien sabe es maestro del suscrito ‘por haberme enseñado a jugar frontenis’, y que sabe que todavía en algunas ocasiones ‘nos reunimos para ir a jugar frontenis’, que tanto el litigante como el licenciado Luis Guzmán Ramírez vendrían personalmente para invitarme a comer; diciéndome el litigante con palabras antisonantes (sic) que no le tuviera miedo a ‘los pinches periodistas’ porque la Ley de Responsabilidad Civil estaba hecha a su modo y era anticonstitucional, y que llamaría a este juicio a declarar a todos los periodistas que comentaran el asunto, por lo que al escucharlo en tono amenazante le pedí que se retirara”.
En este caso el juez tuvo la valentía y la independencia para excusarse del caso para evitar incurrir en conflictos de interés o tráfico de influencias. Habría que celebrar sin regateos la honradez del licenciado Cruz Jiménez. Sin embargo, lo más probable es que ni Villalobos ni Herrera se darán por vencidos tan fácilmente. Habría que ver, por ejemplo, si en la audiencia citada para este domingo 29 a las 10 de la mañana la magistrada se atreve a presentarse personalmente en el juzgado o se limita a entregar su declaración por escrito, escudándose en su condición de funcionaria pública.
El más amplio número de comunicadores y analistas tendríamos que levantar la voz para denunciar este tipo de abusos y exigir que el nuevo juez que revise el caso proceda con estricto apego a derecho, aunque nos citen a declarar cuantas veces quieran. Es necesario demostrar nuestra solidaridad con distinguidos periodistas como Abel Barajas, Víctor Fuentes, el columnista Luis Soto, así como con los reconocidos analistas Eduardo Huchim y Rubén Lara. Pero esta gesta debe ser sobre todo por defender el derecho a informar y a ser informados con veracidad y transparencia. Con casos como éstos se juega ni más ni menos que el futuro de nuestra incipiente democracia.
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Sigue "el cambio"
Denuncia grupo editorial intento de soborno de un funcionario público federal
México, 2 de abril, 2009 (CEPET). El grupo editorial Megamedia, que edita los periódicos regionales Diario de Yucatán y La i, denunció un intento de soborno por parte de un funcionario púbico federal para promover a Mario Ávila Lizárraga, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), a la gubernatura de Campeche, al sur de México.
Megamedia reveló la información en las ediciones del Diario de Yucatán de los días 31 de marzo y primero de abril. De acuerdo con lo publicado en el Diario de Yucatán, el jueves 26 de marzo el gerente general y el subgerente de Publicidad de la División Campeche de Megamedia fueron citados en las oficinas de Carlos Mouriño Terrazo, hermano del extinto secretario de Gobernación, Juan Camilo, para contratar publicidad.
En la reunión, que inició a las 8:45 pm (hora local) en la ciudad de Campeche estuvieron presentes Miguel Ángel Jiménez Godínez, director general de la Lotería Nacional, Jorge Luis Lavalle Maury, jefe de la campaña Ávila Lizárraga y Carlos Mouriño Terrazo, según consigna el Diario de Yucatán.
En la reunión Mouriño Terrazo solicitó una cotización de publicidad en los dos diarios para promover las candidaturas a gobernador, a dos diputaciones federales y a las alcaldías en Campeche y Ciudad del Carmen. Los ejecutivos de Megamedia establecieron un costo de tres millones de pesos, menos un descuento de 20 por ciento para dicho paquete. A lo que Jiménez Godínez respondió: “Perfecto, factúralo a nombre de la Lotería Nacional”.
Como el representante de Megamedia comentó que ese tipo de facturación no sería aceptado, Miguel Ángel contestó: “Soy el director general de la Lotería Nacional y Juan Camilo era como mi hermano”.
Más adelante entregó una tarjeta de presentación, con nombre —Miguel Ángel Jiménez Godínez— y cargo —director general—, al representante de Megamedia.“Nuestro representante aclaró que quien no aceptaría la facturación es Megamedia, porque se lo impide su código de ética y las políticas de sus empresas, además de que la ley del ramo dispone que la publicidad electoral sea facturada a cada partido”.
Ante la negativa de los representantes de Megamedia el titular de la Lotería ofreció firmar un contrato de publicidad por tres años, que representaba un ingreso adicional para los diarios de unos cuatro millones de pesos. Sin embargo el representante de la editorial le recordó que la publicidad de los diversos sorteos de la Lotería es gratuita, porque se la considera de interés general.Ante la insistencia del funcionario, el gerente consultó a los directivos de la editorial vía telefónica, quienes le indicaron que darían una repuesta después.
“La respuesta de Megamedia fue enviar a la ciudad de México al día siguiente, viernes 27, a dos directivos de su División Periódicos, Luis Alberto González Uribe y Olegario Manuel Moguel Bernal, director editorial y gerente general, con instrucciones de rechazar las ilícitas propuestas y presentar las correspondientes denuncias al Presidente de la República, el secretario de Gobernación y al presidente nacional del PAN”, señala el Diario de Yucatán.
El CEPET condena el intento de soborno al grupo editorial Megamedia, ya que consiera que éste viola el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que establece:
“La utilización del poder del Estado y los recursos de la Hacienda Pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales ya los medios de comunicación, en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidas por la ley”.
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México, 2 de abril, 2009 (CEPET). El grupo editorial Megamedia, que edita los periódicos regionales Diario de Yucatán y La i, denunció un intento de soborno por parte de un funcionario púbico federal para promover a Mario Ávila Lizárraga, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), a la gubernatura de Campeche, al sur de México.
Megamedia reveló la información en las ediciones del Diario de Yucatán de los días 31 de marzo y primero de abril. De acuerdo con lo publicado en el Diario de Yucatán, el jueves 26 de marzo el gerente general y el subgerente de Publicidad de la División Campeche de Megamedia fueron citados en las oficinas de Carlos Mouriño Terrazo, hermano del extinto secretario de Gobernación, Juan Camilo, para contratar publicidad.
En la reunión, que inició a las 8:45 pm (hora local) en la ciudad de Campeche estuvieron presentes Miguel Ángel Jiménez Godínez, director general de la Lotería Nacional, Jorge Luis Lavalle Maury, jefe de la campaña Ávila Lizárraga y Carlos Mouriño Terrazo, según consigna el Diario de Yucatán.
En la reunión Mouriño Terrazo solicitó una cotización de publicidad en los dos diarios para promover las candidaturas a gobernador, a dos diputaciones federales y a las alcaldías en Campeche y Ciudad del Carmen. Los ejecutivos de Megamedia establecieron un costo de tres millones de pesos, menos un descuento de 20 por ciento para dicho paquete. A lo que Jiménez Godínez respondió: “Perfecto, factúralo a nombre de la Lotería Nacional”.
Como el representante de Megamedia comentó que ese tipo de facturación no sería aceptado, Miguel Ángel contestó: “Soy el director general de la Lotería Nacional y Juan Camilo era como mi hermano”.
Más adelante entregó una tarjeta de presentación, con nombre —Miguel Ángel Jiménez Godínez— y cargo —director general—, al representante de Megamedia.“Nuestro representante aclaró que quien no aceptaría la facturación es Megamedia, porque se lo impide su código de ética y las políticas de sus empresas, además de que la ley del ramo dispone que la publicidad electoral sea facturada a cada partido”.
Ante la negativa de los representantes de Megamedia el titular de la Lotería ofreció firmar un contrato de publicidad por tres años, que representaba un ingreso adicional para los diarios de unos cuatro millones de pesos. Sin embargo el representante de la editorial le recordó que la publicidad de los diversos sorteos de la Lotería es gratuita, porque se la considera de interés general.Ante la insistencia del funcionario, el gerente consultó a los directivos de la editorial vía telefónica, quienes le indicaron que darían una repuesta después.
“La respuesta de Megamedia fue enviar a la ciudad de México al día siguiente, viernes 27, a dos directivos de su División Periódicos, Luis Alberto González Uribe y Olegario Manuel Moguel Bernal, director editorial y gerente general, con instrucciones de rechazar las ilícitas propuestas y presentar las correspondientes denuncias al Presidente de la República, el secretario de Gobernación y al presidente nacional del PAN”, señala el Diario de Yucatán.
El CEPET condena el intento de soborno al grupo editorial Megamedia, ya que consiera que éste viola el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que establece:
“La utilización del poder del Estado y los recursos de la Hacienda Pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales ya los medios de comunicación, en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidas por la ley”.
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Una de cal...
Aprueban diputados federalizar delitos contra periodistas
México, 2 de abril, 2009 (CEPET). La Cámara de Diputados aprobó hoy, por unanimidad, el dictamen que eleva a federal los delitos contra periodistas, el cual tiene como objetivo proteger el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
El dictamen adiciona al Código Penal Federal el título 27 sobre los "De los delitos cometidos contra la libertad de Expresión ejercida mediante la actividad periodística"
El texto aprobado establece que "quien cometa un hecho ilícito previsto en las leyes penales, con el propósito de impedir, interferir, limitar o atentar contra la actividad periodística, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de 100 a 500 días multa".
Además, destaca que se aumentará hasta en una mitad la pena señalada en el párrafo anterior cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.
Específica que se entenderá por actividad periodística "el ejercicio de buscar, recolectar, fotografiar, investigar, sintetizar, redactar, jerarquizar, editar, imprimir, divulgar, publicar o difundir informaciones, noticias, ideas u opiniones a través de cualquier medio de comunicación, así como la distribución de éstas.
Esta actividad puede realizarse de manera habitual o esporádica, remunerada o no y sin que necesariamente exista una relación laboral con un medio", concluye el texto.
El decreto fue enviado al Senado para su revisión y votación.
Censura y mal trato laboral
Denuncian locutores prácticas de censura en radiodifusora
México, 1 de abril, 2009 (CEPET). La reportera Patricia Pacheco Guzmán denunció que fue despedida injustificadamente de la radiodifusora local XEPX La Voz del Ángel, del grupo Radio Solución SA de CV, por presiones políticas del presidente municipal de Pochutla, Oaxaca, costa sur de México, y que antes fue sometida a prácticas de censura.
La comunicadora, quien tiene nueve meses de embarazo, informó que durante un año había solicitado al dueño de la radiodifusora, Arturo Jalil Vargas que la registrara en el Seguro Social, ya que tenía tres años laborando en la empresa sin contar con dicha prestación.
El día 9 de marzo, Pacheco Guzmán se presentó a trabajar a la radiodifusora y, al concluir el noticiario que conducía en el horario de 1:30 a 3 de la tarde, Jalin Vargas le dijo que no podía registrarla al Seguro Social y que le daría una “suspensión indefinida”, sin goce de sueldo
Pacheco Guzmán asegura que empleados municipales le informaron que ese mismo día el empresario había tenido una reunión con el alcalde priísta José Manuel Ricárdez López, quien ofreció a Jalil Vargas condonarle pagos de uso de suelo de algunas de sus propiedades a cambio de que despidiera a la periodista.
“El señor (Ricárdez López) estaba enojado por los comentarios que he hecho en los diferentes medios donde colaboro, sobre los malos manejos en su administración. Ya anteriormente me había llamado para decirme: 'Deje de pegarme en la radio, en el periódico...' Aprovechó la debilidad de mi jefe por el dinero para vengarse”, comentó la periodista.
La comunicadora denunció que durante el tiempo en que laboró en La voz del Ángel, ella y sus compañeros fueron sometidos a constantes prácticas de censura por parte de Jalil Vargas, como ser suspendida de dos días a una semana sin goce de sueldo por hablar mal de algún político que fuera su amigo.
“Nos colocó una cámara de video en la cabina. Nos vigilaba a través de Internet para checar la información que trasmitíamos”, dijo la reportera.
Otro locutor de la radiodifusora, quien pidió se omitiera su nombre por temor a ser despedido, confirmó al CEPET que dichas prácticas de censura sí se realizan en La voz del Ángel.
“Tenemos prohibido darle voz a cualquier personaje político. Si lo hacemos nos multan con 500 pesos; además, hay una lista de a quien se le debe tratar bien y a quien no…A veces estamos trabajando en la cabina cuando entra la llamada (de Jalil Vargas) y nos dice ‘córtalo, córtalo, córtalo’. A veces no sabemos ni por qué”, comentó el comunicador.
El CEPET condena la censura que imponen a los comunicadores de la radiodifusora XEPX La Voz del Ángel, ya que ésta viola la libertad de expresión y reitera que las agresiones en contra de periodistas pos su trabajo representan ataques en contra de la sociedad puesto que lesionan su derecho a estar informada.
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Hasta en hospitales
Guardias de seguridad encierran y golpean a reportero que cubría un deceso por negligencia en un hospital
México, 31 de marzo, 2009 (CEPET). Gerardo Flores Rodríguez, reportero de Diario del Sur y de la estación de radio Exa, fue privado de su libertad y golpeado por guardias de seguridad privada cuando cubría la muerte por negligencia de una paciente en un hospital público, el pasado jueves 26 de marzo en Tapachula, Chiapas, al sureste de México.
De acuerdo con la versión del periodista, la mañana del jueves 26 de marzo cubría una noticia sobre la paciente Blanca Estela López Gamboa, a quien le colocarían un marcapasos en el hospital federal Ciudad Salud. La intervención quirúrgica no se pudo realizar debido a que el personal inició un paro de labores.
En la noche del mismo día los familiares de López Gamboa se comunicaron con el reportero para informarle que la paciente había fallecido por falta de atención médica. Flores Rodríguez se traslado al hospital para cubrir la noticia.
“Busqué al encargado de prensa del hospital, pero no lo encontré. Me puse a tomar fotos sobre aspectos del hospital. Cuando me iba, se acercaron los huelguistas y me preguntaron por qué tomaba fotos. Les mostré mis credenciales de reportero. Me impidieron el paso y me dijeron que borrara las fotos. Yo me negué”.
Flores Rodríguez aseguró que los trabajadores ordenaron a un guardia de seguridad que no lo dejara salir y el vigilante colocó un candado en la puerta principal y estuvo retenido en las instalaciones del hospital cerca de una hora, por lo que llamó a su jefe y a una patrulla.
“Estaba esperando a la patrulla -que nunca llegó- cuando se me acercaron cinco vigilantes del hospital y me dijeron que no podía permanecer ahí. Les dije que yo quería irme, pero no podía porque la puerta tenía candado. Uno de ellos me jaló y me gritó: ‘Te estoy diciendo que te largues’.
“Intenté tomarle una foto y eso lo enfureció. Los policías se me echaron encima y me golperon con sus toletes en varias partes del cuerpo. Me lastimaron el cuello al arrebatarme la cámara. Me la quitaron junto con mis lentes y mi celular”.
El reportero fue liberado cuando llegó su jefe con patrullas y reporteros de otros medios de comunicación. Sus pertenencias le fueron devueltas, pero sus agresores borraron de su cámara las fotografías que había tomado.
El CEPET condena la agresión sufrió el reportero Gerardo Flores Rodríguez y sostiene que las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación representan un ataque en contra de la sociedad porque éstos vulneran su derecho a estar informada.
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Venganza y represión
Balean la vivienda del director de un semanario
México, 29 de marzo, 2009 (CEPET). La vivienda de Juan Antonio Zavala Hernández, director del semanario Mi Ciudad, fue atacada a balazos la madrugada del pasado sábado 28 de marzo en el municipio de Romita, Guanajuato, al centro de México. No se registraron heridos.
Zavala Hernández informó que el inmueble, donde también se ubican las instalaciones de Mi Ciudad, presenta 10 impacto de bala y que sospecha que el agresor fue el presidente municipal Felipe Durán Muñoz, del PAN, quien los ha estado hostigando desde tiempo atrás.
El periodista relató que el día del incidente había un velorio en una vivienda contigua a la suya y los asistentes, quienes fueron testigos de la agresión, le informaron que sus atacantes viajaban en una camioneta Ford Explorer blanca, que coincide con uno de los vehículos que posee el edil de Romita.
Zavala Hernández aseguró que Durán Muñoz ha perseguido a él y al personal de Mi Ciudad en varias ocasiones. La última vez fue el 18 de marzo.
En el mes de diciembre del año pasado Zavala Hernández y el reportero Carlos Durán Rangel demandaron penalmente a Durán Muñoz por lesiones, amenazas de muerte y daño material.
A principios de este mes el director de Mi Ciudad recibió una llamada de un desconocido que dijo “dejen de publicar mentiras porque sus vidas están peligro”. Zavala Hernández señaló que aunque la voz no se identificó, reconoció que era el alcalde.
Dos días después, Durán Muñoz atacó a golpes a Carlos Durán Rangel, reportero y fotógrafo de Mi Ciudad, cuando asistió al Salón Santa Cruz y debía tomar fotografías publicitarias contratadas con anterioridad y destruyó su cámara fotográfica.
Días después, el alcalde fue cuestionado por un reportero de la localidad sobre el incidente , y Durán Muñoz dijo desconocer el asunto porque nunca golpeó al reportero y posiblemente éste estaba ebrio y no reconocía quién lo había golpeado.
En esa ocasión, Zavala Hernández comentó al CEPET que el semanario ha publicado diversas denuncias ciudadanas que cuestionan la administración de Durán Muñoz y algunas fotografías que muestran al edil en estado de ebriedad, las cuales los mismos empleados municipales han hecho llegar a la redacción.
El alcalde demandó por daño de imagen y extorsión a Mi Ciudad, sin embargo la demanda no procedió ya que el funcionario no pudo acreditar los supuestos delitos, aseguró el director del semanario.
El CEPET demanda a las autoridades que se realice una investigación afondo para dar con los responsables del atentado contra el periodista Juan Antonio Zavala Hernández y sostiene que las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación representan un ataque en contra de la sociedad porque éstos vulneran su derecho a estar informada.
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México, 29 de marzo, 2009 (CEPET). La vivienda de Juan Antonio Zavala Hernández, director del semanario Mi Ciudad, fue atacada a balazos la madrugada del pasado sábado 28 de marzo en el municipio de Romita, Guanajuato, al centro de México. No se registraron heridos.
Zavala Hernández informó que el inmueble, donde también se ubican las instalaciones de Mi Ciudad, presenta 10 impacto de bala y que sospecha que el agresor fue el presidente municipal Felipe Durán Muñoz, del PAN, quien los ha estado hostigando desde tiempo atrás.
El periodista relató que el día del incidente había un velorio en una vivienda contigua a la suya y los asistentes, quienes fueron testigos de la agresión, le informaron que sus atacantes viajaban en una camioneta Ford Explorer blanca, que coincide con uno de los vehículos que posee el edil de Romita.
Zavala Hernández aseguró que Durán Muñoz ha perseguido a él y al personal de Mi Ciudad en varias ocasiones. La última vez fue el 18 de marzo.
En el mes de diciembre del año pasado Zavala Hernández y el reportero Carlos Durán Rangel demandaron penalmente a Durán Muñoz por lesiones, amenazas de muerte y daño material.
A principios de este mes el director de Mi Ciudad recibió una llamada de un desconocido que dijo “dejen de publicar mentiras porque sus vidas están peligro”. Zavala Hernández señaló que aunque la voz no se identificó, reconoció que era el alcalde.
Dos días después, Durán Muñoz atacó a golpes a Carlos Durán Rangel, reportero y fotógrafo de Mi Ciudad, cuando asistió al Salón Santa Cruz y debía tomar fotografías publicitarias contratadas con anterioridad y destruyó su cámara fotográfica.
Días después, el alcalde fue cuestionado por un reportero de la localidad sobre el incidente , y Durán Muñoz dijo desconocer el asunto porque nunca golpeó al reportero y posiblemente éste estaba ebrio y no reconocía quién lo había golpeado.
En esa ocasión, Zavala Hernández comentó al CEPET que el semanario ha publicado diversas denuncias ciudadanas que cuestionan la administración de Durán Muñoz y algunas fotografías que muestran al edil en estado de ebriedad, las cuales los mismos empleados municipales han hecho llegar a la redacción.
El alcalde demandó por daño de imagen y extorsión a Mi Ciudad, sin embargo la demanda no procedió ya que el funcionario no pudo acreditar los supuestos delitos, aseguró el director del semanario.
El CEPET demanda a las autoridades que se realice una investigación afondo para dar con los responsables del atentado contra el periodista Juan Antonio Zavala Hernández y sostiene que las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación representan un ataque en contra de la sociedad porque éstos vulneran su derecho a estar informada.
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Confusión y represión
Detienen a dos camarógrafos y los interrogan por 15 horas por filmar una presunta propiedad del secretario de Seguridad
México, 30 de marzo, 2009 (CEPET). Los camarógrafos Jaime Torres San Lorenzo y Rosendo Alejandro Flores de TVC Noticias fueron detenidos el viernes 27 de marzo e interrogados durante más de 15 horas por realizar tomas de una presunta propiedad del secretario de seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, para un trabajo periodístico.
Los comunicadores fueron enviados a realizar tomas de la casa del funcionario para dar seguimiento a la información publicada por la revista electrónica Reporte Indigo la cual revela que García Luna construye una casa al sur de la ciudad de México con un valor de unos 20 millones de pesos, aseguró el coordinador de noticias de la televisora, Mauricio García García.
“Los camarógrafo llegaron al lugar a bordo de un taxi, ya que en ese momento no contábamos con vehículos de la empresa, cuando los detuvieron ellos se identificaron como periodistas. Además las cámaras y el micrófono tienen el rotulo de la empresa”, detalló García García .
Agregó que ante la situación, los comunicadores llamaron al jefe de información de la televisora, Miguel Ángel Camino, quien le explicó al policía que estaba al mando, que los camarógrafos trabajaban para TVC Noticias y que estaban realizando un trabajo periodístico, sin embargo los periodistas fueron remitidos, junto con el taxista, ante el Ministerio Público federal de la PGR, alrededor de las 11: am de la mañana del viernes (hora local).
Por la tarde, Genaro García Luna declaró ante varios medios de comunicación que los periodistas habían sido confundidos con sicarios. No obstante los camarógrafos fueron liberados hasta las 3 de la madrugada del sábado, tiempo en que estuvieron incomunicados, según informó el coordinador de Noticias de TVC
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, se pronunció hoy sobre el caso en una entrevista radiofónica y lo calificó como una mala señal para la libertad de expresión en México.
El CEPET condena la detención arbitraria que sufrieron los periodistas Jaime Torres San Lorenzo y Rosendo Alejandro Flores ya que se comprobó que ellos estaban cumpliendo con su trabajo y sostiene que las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación representan un ataque en contra de la sociedad porque éstos vulneran su derecho a estar informada.
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Los comunicadores fueron enviados a realizar tomas de la casa del funcionario para dar seguimiento a la información publicada por la revista electrónica Reporte Indigo la cual revela que García Luna construye una casa al sur de la ciudad de México con un valor de unos 20 millones de pesos, aseguró el coordinador de noticias de la televisora, Mauricio García García.
“Los camarógrafo llegaron al lugar a bordo de un taxi, ya que en ese momento no contábamos con vehículos de la empresa, cuando los detuvieron ellos se identificaron como periodistas. Además las cámaras y el micrófono tienen el rotulo de la empresa”, detalló García García .
Agregó que ante la situación, los comunicadores llamaron al jefe de información de la televisora, Miguel Ángel Camino, quien le explicó al policía que estaba al mando, que los camarógrafos trabajaban para TVC Noticias y que estaban realizando un trabajo periodístico, sin embargo los periodistas fueron remitidos, junto con el taxista, ante el Ministerio Público federal de la PGR, alrededor de las 11: am de la mañana del viernes (hora local).
Por la tarde, Genaro García Luna declaró ante varios medios de comunicación que los periodistas habían sido confundidos con sicarios. No obstante los camarógrafos fueron liberados hasta las 3 de la madrugada del sábado, tiempo en que estuvieron incomunicados, según informó el coordinador de Noticias de TVC
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, se pronunció hoy sobre el caso en una entrevista radiofónica y lo calificó como una mala señal para la libertad de expresión en México.
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